Una evaluación clasificada de los hechos relacionados con el reporte de síntomas repentinos y debilitantes por el personal de la embajada estadounidense en Cuba, cuatro años atrás, califica de “lenta y caótica” la respuesta de la administración Trump al incidente.
Ordenada hace tiempo por el Departamento de Estado, la evaluación indica que esa respuesta aumentó la probabilidad de que nunca se sepa quién o qué fue el responsable de lo que públicamente se refiere como “síndrome de La Habana”, un cuadro de síntomas como fuertes dolores de cabeza, pérdida de audición y otras lesiones cerebrales, potencialmente causados, según una de las hipótesis más manejadas, por presuntos ataques sónicos.
La administración del republicano Donald Trump culpó al gobierno cubano por los “ataques” a los diplomáticos y basó en esos hechos su decisión de revertir parte de las medidas implementadas por su predecesor como parte del deshielo entre ambos países.
Diplomáticos cubanos en Washington fueron expulsados y se redujo la plantilla de la embajada estadounidense en La Habana, al punto de que el consulado fue prácticamente cerrado. Asimismo, los cubanos se vieron impedidos de aplicar a la mayoría de las categorías de viajes a Estados Unidos desde su país y las remesas que los cubanoamericanos pueden girar a la isla fueron reducidas en su monto y posibilidades de envío.
Sin embargo, el informe de junio de 2018 de la Junta de Revisión de Responsabilidad, que hizo la evaluación ordenada por el Departamento de Estado, encontró “serias deficiencias en la respuesta del Departamento en áreas de responsabilidad, coordinación interinstitucional y comunicación, en todos los niveles”, que “contribuyeron a la confusión en torno a los eventos y retrasaron una acción coordinada y eficaz”.
El documento de la Junta fue obtenido bajo la Ley de Libertad de Información por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización de investigación sin fines de lucro con sede en Washington, que lo proporcionó a The Washington Post.
Dicho rotativo sostiene en un reciente y extenso reporte sobre el informe y los presuntos ataques acústicos a los diplomáticos que la falta de respuestas acusada sobre el incidente “podría pesar sobre los planes del presidente Biden para las relaciones de Estados Unidos con Cuba”, aunque reconoce que “la nueva administración parece no tener prisa por moverse”.
Biden dijo en septiembre como candidato que “trataría de revertir las políticas fallidas de Trump”. “Infligieron daño a los cubanos y sus familias” y “no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”, recordó el medio, al tiempo que destacó que los científicos no han podido explicar por qué los diplomáticos estadounidenses en Cuba sufrieron una "lesión cerebral traumática".
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Entre los hechos problemáticos que el informe señala para acusar una respuesta lenta y caótica están la falta de nombramientos de funcionarios para puestos de alto nivel y la práctica de dejar en otros puestos a funcionarios "en funciones", con autoridad incierta.
“Ningún funcionario de alto nivel”, dice el informe citado por el Post, “fue designado con la responsabilidad general”. Esta situación, alega la junta, fue “la deficiencia más significativa en la respuesta del Departamento”.
“Como resultado, un esfuerzo integral de todo el gobierno para identificar el mecanismo de las lesiones y los perpetradores, comprender el universo de personas potencialmente afectadas, tratar y rehabilitar a los empleados lesionados… nunca emergió”, pondera el informe.
Nunca se formó ningún grupo de trabajo y faltaba comunicación entre el escalón superior del Departamento y todos los que estaban debajo. Al mismo tiempo, el documento señala que tanto en el gobierno cubano como en el estadounidense la respuesta a los incidentes se caracterizó “por un secretismo excesivo que contribuyó a una respuesta tardía”.
“Muchas comunicaciones relacionadas con los incidentes no viajaron por los canales habituales del Departamento de Estado y, por lo tanto, puede haber documentación que no se haya puesto a disposición” para el esclarecimiento del caso, dijo la junta, que además criticó la reducción del 60 por ciento en el personal de la Embajada de los Estados Unidos ordenada en septiembre de 2017 por el entonces secretario de Estado Rex Tillerson sin que ésta haya seguido “los procedimientos habituales del Departamento de Estado” o estado acompañada de “un análisis formal de los riesgos y beneficios de la presencia física continua de empleados del gobierno de Estados Unidos en La Habana”.
Ello, pese a que una evaluación de ese tipo es requerida por las reglas del Servicio Exterior, según el informe.
