Régimen tiene bajo amenazas a activista por derechos de la mujer

El régimen cubano acosa a la activista por los derechos de la mujer Mery Paulín, a quien citó este sábado para amenazarla con la aplicación de la Ley Azote por realizar actividades “en contra de los intereses” del Estado
Mery Paulín
 

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El régimen cubano tiene bajo amenazas a la activista por los derechos de la mujer Mery Paulín, a quien citó este sábado 22 de agosto a la estación policial de Pinar del Río por realizar actividades “en contra de los intereses” del Estado.

Según informó la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer (Redamu), a la que Paulín pertenece, dos oficiales de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que se identificaron como Alejandro y Esteban, amenazaron a la activista de 70 años con aplicarle el Decreto-Ley 370 por emplear el internet para realizar “propaganda ilícita en contra del régimen”.

“En la estación de policía de Pinar del Río fui acusada de conspirar con ‘actividades contrarrevolucionarias’”, detalló Paulín, que además acusó que durante el encuentro los agentes amenazaron con bloquearle su línea telefónica o imponerle una multa de 500 pesos cubanos (unos 20 dólares al cambio oficial).

Citada por Cubanet, la activista agregó que los policías también le dijeron que “con su edad no debería estar involucrada en actividades innecesarias”. Asimismo, explicitaron que la única organización que puede realizar actividades a favor de los derechos de la mujer es la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Según Paulín y la Redamu, otra integrante pinareña de la red fue citada el viernes en la tarde por la PNR. Se trata de Daudy Hermelo, a quien el oficial que le “atendió” la amenazó de manera idéntica con la aplicación del Decreto-Ley 370 y con “conversar con los jefes de trabajo de sus hijas” para informar sobre las actividades en que ella está involucrada.

El Decreto-Ley 370, llamada “Ley azote” por activistas y opositores cubanos, habilita a las fuerzas represivas del régimen cubano para controlar el uso de Internet y las redes sociales que hacen los ciudadanos. 

De tal suerte, si a ojos del régimen algún individuo cometió un ilícito en el ciberespacio, puede ser sancionado con una multa o el decomiso de equipos electrónicos como celulares, laptops y tabletas.

 

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