Quienes fundaron DFOrganico Inc., un emprendimiento para cultivar alimentos saludables en Cuba, llevan semanas entre la incredulidad, la incertidumbre y la indignación. Su historia es un cubo de agua fría para quien pretenda invertir en la isla regida por el ineficiente y corrupto sistema estatal del Partido Comunista.
En la cuenta de Twitter de la pequeña empresa se denunció este lunes que, luego de quitarles la finca en Mayabeque, representantes del Ministerio de Agricultura visitaron las tierras, “tiraron fotos” y tienen intenciones de exportar los mangos e incluso “firmar contrato en Mariel”, donde se encuentra la Zona de Desarrollo Especial creada por el régimen que pretende convertirla en su espacio principal de negocios con inversores extranjeros.
”Estoy en desacuerdo con todo lo que han hecho a mí y cada campesino que ha sufrido la misma situación”, se lee en un tuit del emprendimiento. Ashley B. Martínez, residente en Canadá y cofundadora y CEO de DFOrganico Inc. denunció que el mencionado ministerio no tiene intenciones de resolver con la finca.
“Queríamos invertir y seguir produciendo y nos quitaron la finca por culpa del registro que no encuentra nuestros papeles. ¿Cómo contribuir bajo condiciones así?”, denunció Ashley B. Martínez, sugiriendo que el supuesto “reordenamiento” económico que lleva adelante el régimen, debería “empezar con la burocracia”.
Desde el pasado 29 de octubre, en el Instagram de la empresa se lee que “funcionarios del Ministerio de Agricultura en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, dicen que nuestra finca es ilegal y que no le entregarán el papeleo a Alexi [Martínez, residente en Cuba]. Nuestra finca, animales, tractor e inversión nos serán quitados, así como así. ¿Y para qué?”.
El cubano Alexi Javier Martínez Llanos realizó una solicitud para este terreno específico en 2017. En 2018 se estaba procesando la documentación (todo a mano en papel).
Los campesinos emprendedores refieren que el trámite “se suponía que debía hacerse en no más de 90 días. Más de 15 meses después se hizo. Pero no procedió porque estaba lleno de errores”.
Tuvieron que volver a hacer la cola burocrática. “Pasaron semanas y meses. Siempre nos dijeron que la finca era nuestra, la firma final fue solo una formalidad. Nos ofrecieron 300 hectáreas adicionales. Durante tres años, hemos invertido nuestro tiempo y esfuerzo en la construcción de un modelo agrícola sostenible que proporcione empleo a las personas de nuestra comunidad”, aseguran los agricultores.
“Todos en nuestra cooperativa han estado esperando años por el papeleo, por lo que nuestra decisión de seguir plantando árboles e invertir fue un riesgo calculado. Nunca imaginamos que nos dirían que producir alimentos, generar empleos, alentar a las mujeres a participar en la agricultura y el desarrollo empresarial se consideraría 'ilegal'. Para aquellos de ustedes que nos conocen, saben que todos nuestros momentos de vigilia desde 2016 se han centrado en esta granja, aprendiendo sobre agricultura, cultivos de cobertura, energía renovable, creando campos de cultivo mutuos para ayudar con la erosión del suelo y la salud”.
Aunque todo se habría solucionado simplemente emitiendo el usufructo de arrendamiento a nombre de Alexi, quien ya trabajaba la tierra, y en medio de un contexto de crisis que pide a gritos producción de alimentos, esto no sucedió.
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Los campesinos sospecharon: “el director del Minag Santa Cruz quiere ceder nuestra finca a otra persona o quedársela para él. Pensando en nuestra conversación con él, dijo que nos visitó la finca y que no tenemos la capacidad de hacer nada con una parcela tan pequeña de tierra (10 hectáreas). Su intención es dárselo a otra persona. Quizás haya algo más profundo aquí. En cuatro años nadie ha mostrado interés por esta finca. ¿Por qué lo harían? Eran 10 hectáreas de marabú sin nada creciendo. Todos los árboles allí ahora fueron plantados por Alexi”.
Sin embargo, una vez que los emprendedores hicieron producir la parcela, se las arrebataron. Ahora se preguntan si ese fue el plan desde el principio: “¿dejarme invertir, limpiar la tierra de marabú, sembrar 1000s de árboles para al fin quitármela?”
“Invertí tiempo y dinero para mejorar Cuba pensando que tenía derechos y una relación profesional con el Ministerio de Agricultura”, se lee en el Twitter de DFOrganico Inc., que se define como “una empresa social para la gente”.
Ashley B. Martínez, quien no ha podido regresar a la isla por la pandemia, a tratar de esclarecer el entuerto, se pregunta: “¿En qué mundo estamos si los que dirigen no tienen respeto para los que trabajan produciendo comida? Me dicen que uno que está fuera del país nunca puede tener usufructo porque no trabaja la tierra. Nunca encontré un sistema tan ciego. ¿Quién invertirá en un sistema así?”.
Lo peor, para los emprendedores agroecológicos es que el latrocinio al Estado solo le dará para aprovechar los mangos “de una sola cosecha mientras que la finca está en buenas condiciones -el año que viene todo estará lleno de marabú de nuevo. Ganar un dólar hoy para perder $100,000 en año que viene”, criticaron.
La triste realidad parece consumada para estos campesinos, a menos que algún dirigente castrista de alto nivel a quienes etiquetaron en Twitter, incluido el ministro de Agricultura y el mandatario Díaz-Canel, interceda.
“Hicimos algo profesional -uniformes, sitio web, Twitter y Instagram, corporación en Canadá- y ¿por qué? Quitaron todo lo que hicimos diciendo que nunca teníamos finca. Cuba tiene que cambiar de manera bien profunda”, se lamentan.
“El director [agrícola] de Santa Cruz cumplió su trabajo. Bien hecho. Falta de respeto para todos los campesinos”, denunciaron.
