El pasado 16 de julio el Gobierno cubano anunció un paquete de medidas que entrarán en vigor próximamente como parte de su estrategia económico-social para impulsar la economía y enfrentar la crisis provocada por la COVID-19.
Entre las acciones con efecto inmediato para estimular la dolarización parcial figuran las ofertas en divisas de los servicios turísticos con bonificaciones y la expansión de la “bancarización” asociada a la captación de remesas, así como otras verdaderamente controvertidas como la eliminación del gravamen al dólar y el inicio de la venta de productos de amplio consumo (gama media y alta) en moneda libremente convertible (MLC).
Como era de esperar, la aplicación de estas medidas ha aumentado el malestar de la sociedad. La única que responde a sus reclamaciones es la supresión del impuesto al dólar a partir del 20 de julio, algo que se había anunciado en marzo de 2016, previo a la visita al país del entonces presidente estadounidense Barack Obama.
Para Josué, tornero de profesión de 67 años de edad, las decisiones del Gobierno no responden al beneficio de la población, sino a una crisis administrativa de años y que hoy vive uno de sus puntos más álgidos.
“Es indignante cómo aumentan la brecha social y la diferencia de clases. A mí las justificaciones no me convencen, porque soy de los que creyeron en el socialismo y apostaron por vivir en Cuba pese al durísimo Periodo Especial de los 90’.
“De qué me sirvió criticar a los balseros que se arrojaron al mar y darle la espalda un día a mi familia emigrante, si hoy el país depende de sus dólares por la mala administración de los dirigentes”, comenta en estado de rabia.
Carmen, profesora de Historia y Cultura Política en una escuela de enseñanza preuniversitaria en La Habana, cuestiona con qué moral podrá rebatir una vez reinicie el curso escolar las opiniones y críticas de sus alumnos al sistema.
“Cómo les hablaré de los preceptos marxistas-leninistas y la frase martiana ‘con todos y para el bien de todos’, cuando no basta con trabajar y sacrificarse. Cómo motivarles a amar nuestra historia y a ver Cuba como un país de igualdad social y de oportunidades. Cómo decirles que mi salario de 1 400 pesos (56 dólares) es insuficiente para comprar alimento u otros productos en las nuevas tiendas porque se requieren divisas, cuando me pagan en CUP y las casas de cambio (Cadeca) no funcionan”.
En aras de suavizar opiniones e insultos como el de Carmen y de la población en general, el presidente Díaz-Canel expresó en su discurso el pasado 16 de julio: “Nosotros vamos a mantener, a un costo tremendo, un nivel de venta en las tiendas en CUC, fundamentalmente de alimentos, de aseo, de la canastilla, leche en polvo, todo un grupo de cosas, y que le van a llegar a todo el mundo, y se van a vender en CUC o en CUP”.
Sobre esa idea, espeta Carmen que la única verdad son las instalaciones como espacio físico, el resto, una falacia. “Las tiendas siempre están vacías: no ahora por el nuevo coronavirus, sino de antes. Cuando sacan algún producto básico, las colas son inmensas y la venta limitada. Por ello hay coleros, revendedores y acaparadores”, espeta.
No obstante, en medio de la difícil situación y el gran desabastecimiento, Díaz-Canel señaló en su intervención: “hemos tenido que hacer un tremendo esfuerzo para lograr que, por la venta controlada, en julio y en agosto lleguen productos adicionales a la población”. Específicamente, dos libras más de arroz y seis onzas de frijoles.
Rosa, ingeniera química retirada y con una pensión de solo 300 CUP, agradece la ayuda, pero expresa que prefiere contar con el capital suficiente para adquirir los productos en una tienda y no en la bodega.
“Si en mis años de trabajadora me hubiesen pagado un salario proporcional a mi esfuerzo y talento, mi pensión no fuera tan ridícula y pudiera vivir sin estas limosnas y sin el apoyo de mi hija, a quien le debo la vida, porque en todo este tiempo de coronavirus ni el gobierno ni sus trabajadores sociales han pasado a ver cómo estoy y qué necesito”.
Francisco, directivo de una cooperativa privada de construcción y refrigeración, opina que las medidas son desiguales, pero son la única vía para salvar el país.
“Entiendo el pragmatismo del Gobierno y veo que finalmente le hacen caso a algunas de las recomendaciones que la gente ha hecho a través de los años: rescatar el dólar en la economía y el mercado. Lo peor es el tiempo perdido por capricho de ‘alguien’ y la obligación de hacerlo justo ahora, en medio de una crisis mundial, cuando la clase en el poder tiene la soga al cuello”, considera.
Para personas con un elevado nivel de vida como Francisco esta será una oportunidad de acceder de forma legal a productos alimenticios de gama alta, pues hasta ahora solo los conseguía en el mercado negro, porque en las tiendas solo venden (cuando aparece) perrito, pollo y picadillo.
No obstante, está por ver cómo el Gobierno podrá abastecer las tiendas de alimentos y aseo en divisas, cuando aún es caótico su sistema de distribución y abastecimiento en la cadena minorista que comercia en las monedas nacionales.
Según se informó en la Mesa Redonda del pasado 16 de julio, la Corporación Cimex y la cadena de Tiendas Caribe cuentan con una red de 4 800 establecimientos, 72 de ellos destinados a la venta en divisas. De esos, 57 ya venden productos alimenticios y aseo desde el 20 de julio.
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Medidas con impacto sobre el aparato productivo
Como parte de las medidas con impacto sobre el aparato productivo se anunció una mayor autonomía de la empresa estatal, algo que genera incertidumbres debido a la administración centralizada y vertical asumida por el Gobierno.
Entre las acciones que comprende, figura la priorización de la producción nacional de alimentos y la flexibilidad de comercialización, el impulso de las cooperativas no agropecuarias y la ampliación del trabajo por cuenta propia, el establecimiento de un mercado mayorista de medios de producción en moneda libremente convertible y de la micro, pequeña y mediana empresa, así como la diversificación de los actores que puedan exportar.
A priori, el sector agropecuario pudiera ser uno de los más favorecidos con estas medidas. No solo por la necesidad y concesiones del Gobierno, sino porque es un área atrayente para múltiples inversores locales a corto y mediano plazo, ante la baja del turismo a nivel global y la poca diversidad de ramas laborales existentes para los cuentapropistas.
Sobre este último aspecto, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, indicó durante su intervención en la Mesa Redonda que a raíz de la estrategia aprobada se transformaría la manera en que se autorizan las licencias laborales y que se cambiaría el mecanismo para que no haya tanto detalle en cuanto a las actividades privadas.
Al respecto, el economista cubano Pedro Monreal apunta que “la ampliación de licencias hacia otras actividades con otro tipo de demanda sin duda ayudaría a proporcionar empleos e ingresos, pero eso no resolvería la crisis de otros segmentos del TCP (trabajo por cuenta propia) y sobre ese punto no se mencionaron posibles medidas”.
Relativo a la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas estatales y privadas, cabría cuestionarse las diferencias legales y necesidades de apoyo de cada una, así como la posible coexistencia que refirió Gil, pues hasta el momento el Gobierno se ha mostrado reacio frente al empoderamiento del sector privado.
Tan así, que las importaciones y exportaciones deben realizarse solamente mediante las 37 empresas estatales y militares especializadas en esos servicios, como dejó claro el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Sobre ese particular, Francisco, el directivo de una cooperativa privada de construcción y refrigeración, mostró su inconformidad. Las garantías legales y los precios que ofrecen las empresas cubanas dedicadas a esos servicios no son tan competitivos como los de las foráneas.
“Además, por qué no dan la posibilidad de que varios privados cubanos nos unamos y creemos una empresa importadora-exportadora que haga competencia a las del Gobierno. Es palpable el temor que tienen a perder el control de todos los sectores y a liberar verdaderamente las fuerzas productivas”.
De forma general, las nuevas medidas podrían tener un impacto positivo en la economía cubana, pero ampliarían las brechas sociales más allá de que el Gobierno no lo quiera reconocer.
Al pueblo no le queda otra que resistir, frase enunciada una y otra vez en los discursos de los dirigentes cubanos como justificación a su incapacidad administrativa. La otra alternativa, rebelarse.
