Magdalena Ávila Sarmiento lloró de impotencia mientras leía la lista de alimentos y productos de aseo personal que estarían incluidos en el módulo de “ayuda” que su empresa vendería a sus trabajadores. Lloró más al final, cuando pudo constatar el precio de todo aquello que, si bien le ahorraría una semana de colas, aglomeraciones y riesgos de contagio de coronavirus, ascendía a casi 45 CUC, o 1.080 pesos cubanos (CUP), según la tasa de cambio.
“Qué trabajador cubano puede pagar 45 CUC. A cuál funcionario de este Gobierno se le ocurrió semejante despropósito, y en medio de esta situación”; reclamó indignada Ávila Sarmiento al director de su empresa, un centro estatal de elaboración de alimentos, en el municipio Centro Habana.
“Me escuchó en silencio y me dijo que él tampoco podría pagar el módulo, que lo cedería al trabajador que pudiera. Es mi amigo, y sé que no me estaba mintiendo. Le reclamé que se quejara con la provincia, pero me desarmó con su respuesta: perdería su cargo. Ahí lloré a lágrima viva”.
Lo ocurrido a Magdalena Ávila Sarmiento, madre de tres menores de edad, también afectó a más de la mitad de los trabajadores de su empresa, donde el salario escala mínimo no supera los 700 CUP [aproximadamente 28 CUC]. Varios trabajadores tuvieron que recurrir “a la ponina”, una colecta entre familiares y vecinos para después compartir lo que incluía el paquete de productos.
Un sondeo entre trabajadores estatales, corroboró que el valor de los módulos varía entre 32 y 50 CUC, una moneda paralela a la oficial y que solo circula en Cuba, donde el régimen la considera “equivalente al dólar”.
Tales precios representan un “apartheid económico”, dentro del propio sector estatal, en un país donde el salario promedio no supera los 879 pesos, equivalentes a unos 35.16 dólares mensuales, según datos oficiales del 2019.
Es una discriminación contra trabajadores a los que se les paga mal, y se les vende caro un grupo de productos juntos para los que, probablemente, no tengan completo el dinero. Sin embargo, no pueden escoger qué comprar y qué no. Todo o nada.
Lea también
“Es como si te dijeran: este es el precio que debes pagar por no tener que hacer colas y no correr el riesgo de contagiarte de la COVID-19 durante un par de semanas”, acotó Víctor Perdomo, empleado de Salud Pública.
Asegura que parte de las mercancías que se venden hoy en el mercado negro, proviene de estos módulos, que pueden incluir, según su precio, pollo, variedades de embutidos, perro caliente, picadillo, puré de tomate, pastas, refrescos, jugos, latas de leche, aceite, arroz, frijoles. También jabones, detergente, champú, suavizador, pasta dental, frazada de piso…
“Muchos de los trabajadores no pueden darse el lujo de pagar estos precios con sus salarios y por 10 o 15 CUC lo ceden a los revendedores quienes le sacan ganancias porque los precios en el mercado negro se han disparado hasta el triple de lo que costaban hace seis meses atrás. Esta es la realidad que la Mesa Redonda [programa televisivo] esconde y ante la cual la dirección del país hace la vista gorda”; opinó Perdomo.
En medio de la severa escasez que atraviesa el país, agudizada por la expansión de la COVID-19, el mandatario Miguel Díaz-Canel insistió en que “tenemos que ser capaces, con un nuevo modelo de vida o con un modelo de vida ajustado, de estar preparado para vivir, producir y seguir avanzando”.
Por otra parte, el Ministerio de Economía y Planificación ‒en su documento Cuba y su desafío económico y social‒ apostó por “mantener la planificación centralizada y defender la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora”.
“¿Pero todos estos delirios a costa de quién; de matar por asfixia a los trabajadores del Estado?”, se pregunta Xiomara Hernández, trabajadora de una empresa de servicios quien declaró que en su centro laboral el costo de los módulos ascendió al valor de 32 CUC.
“¿Acaso estos serán los precios de esa producción nacional a la cual dicen que tenemos que apostar? El Gobierno sabe bien que un trabajador promedio jamás podría pagar los precios de estos módulos. Con estos precios también están captando las divisas que nos llegan de las remesas”, dijo Hernández.
Lídice Izquierdo, trabajadora de una Unidad Empresarial Básica (UEB) de Construcción Civil, en el municipio Arroyo naranjo, añadió que “el Gobierno sabe que los trabajadores cubanos sobrevivimos de las remesas familiares, no del salario. Han explotado eso desde hace años”. Izquierdo tuvo que pagar 45 CUC por el módulo que les vendieron en su centro de trabajo.
“Mi esposo y yo pudimos pagar este módulo porque mensualmente la remesa que nos envía su hermano. Con el salario obrero nuestro hubiese sido impensable acceder a esto que, cínicamente, el Estado llama facilidad al trabajador. Es criminal. Con otro nombre no puede describirse el precio de estos módulos para venderle a un obrero”.
En el hogar de Luis Fernando Díaz conviven ocho personas, entre ellas tres menores de edad. Su esposa está “interrupta” de su empelo desde mediados de junio. En el centro de trabajo de Díaz, perteneciente al sector de Salud Pública, el módulo ofrecido a sus trabajadores ascendió también a 45 CUC. Ni reuniendo el salario de un mes, más la chequera de su padre, llegaban para pagar el costo.
“Tuvimos que pedir prestado la mitad del dinero; es decir, endeudarnos para tener al menos diez días de no andar haciendo colas, de no arriesgarnos a pescar el coronavirus a cambio de un paquete de picadillo y de pollo. No entiendo de qué igualdad se habla; de cuál protección al trabajador estatal que está trabajando en medio de la pandemia”.
“Si estos precios son ʻprotectoresʼ entonces que Díaz-Canel no me diga que esto es socialismo, sino un sálvese quien pueda”, remarcó Díaz.
