Desde el pasado mes de enero Marlene Ricardo Aguilar, Dama de Blanco del grupo Cuba Independiente y Democrática, es víctima de acoso y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, representada por un oficial que se identifica como Eduardo, quien en principio intentó reclutarla.
“Al principio me sugirió colaborar con ellos, que no me saliera de la organización, pero me negué, y a partir de ahí comenzó el acoso que se extiende a mis familiares y amistades”, relata Marlene, vecina de Diego Franchis número 10, entre Nueva y Sol, San Francisco de Paula, municipio San Miguel del Padrón.
“Las visitas a mi casa, después de negarme a colaborar, fueron con el objetivo de ayudarme con todos mis problemas si abandonaba mi activismo en las Damas de Blanco. Ayuda que consistía en buscarme trabajo o facilitarme una licencia de cuentapropista; resolverme el círculo infantil para mis nietos, y la propiedad de mi casa”.
El pasado 1 de abril su hermano, Bernaldo Ricardo Aguilar, fue detenido en su centro de trabajo, acusado de un presunto robo y desfalco, y conducido al Departamento Técnico de Investigaciones de Alamar. El lunes 13 de abril, sin haberse celebrado la vista oral, sería trasladado para la prisión de Valle Grande.
“Aquella misma noche del 13 de abril se presentó el oficial Eduardo para decirme que a mi hermano lo cogieron con cinco sacos de arroz. Le dije que estaba mintiendo porque mi hermano no trabaja en el almacén de comidas, sino de aseo. Entonces comenzó a chantajearme, que la investigación arrojó que mi hermano no tenía nada que ver con el supuesto robo, pero que su libertad dependía de mí. Que ahora necesitaban que no abandonara la organización, pero que les informara todo lo que hacíamos y las actividades que fuéramos a hacer. Lo insulté y le pedí que no volviera más”.
Una semana más tarde el oficial Eduardo regresó al domicilio de Marlene para saber si había decidido “colaborar con ellos”, o de lo contrario se arrepentiría. Insistió en el chantaje con el proceso de su hermano, a quien le habían negado dos veces el cambio de medida a pesar de presentar problemas de salud: padece de fiebre reumática, que le ha afectado el corazón.
Como parte del hostigamiento contra Marlene, su hijo, Maikol Morales Ricardo, fue citado el 9 de mayo por el Comité Militar del Servicio Militar Obligatorio de su territorio.
“La citación fue para una entrevista con la mayor Yudelquis Montero. Sin embargo, la citación la firmaba un capitán que hacía un mes se había retirado. En la entrevista nos preguntaron a mí y a mi hijo si habíamos sido sancionado por las leyes, y que en agosto le harían un chequeo médico y lo mandarían a pasar el Servicio Militar en Guantánamo, pero sabemos que el llamado de agosto está suspendido hasta que no pase la tercera etapa del COVID- 19”.
“El 14 de mayo el oficial Eduardo y otro oficial que se identificó como su jefe visitaron el domicilio de Marlene con el mismo objetivo de mi colaboración y que con la situación que había podían traerme un saco de comida y todo lo que me hiciera”.
Una vez más Marlene se negó y tres días después recibió la visita de dos mujeres que se identificaron como funcionarias de Planificación Física, quienes le exigieron los documentos de la ampliación de su vivienda.
“Les dije que regresaran en otro momento, que los dueños, mi hermano y mi sobrino, no se encontraban. Pero en ese momento ellos llegaron, y después de verificar que la fabricación es un subsidio las funcionaras se fueron. Media hora más tarde aparecieron otros tres inspectores que ordenaron parar la obra y citaron a mi sobrino Alejandro para la sede del Tribunal Municipal”.
En la sede del tribunal su sobrino fue interrogado por el oficial Eduardo, que le sugirió que aconsejara a su tía Marlene de abandonar su activismo en las Damas de Blanco, informándole además que la obra estaba suspendida porque su licencia de construcción estaba vencida.
La mañana del 20 de mayo Marlene sería citada por el jefe de Sector, Denis, quien le informó que se trataba de “un chequeo rutinario que tenía que hacerme por seis meses, donde anotó el color de mi pelo, ojos, piel. Me preguntó con cuántas personas vivía, y que si mi hijo pertenecía a los derechos humanos. Me advirtió que no podía salir a las calles en manifestaciones y mucho menos de noche”.
Marlene teme que las amenazas de cárcel y expulsión del centro laboral también se extiendan a sus otros familiares, pues el 9 de julio el oficial Eduardo se presentó en el trabajo de su hijo ‒en el policlínico Hermanos Ruiz Aboy‒ para que le cerraran el contrato. La jefa de Recursos Humanos se negó, alegando que era un buen trabajador y que era un muchacho joven a quien había que ayudar.
“Pero luego visitó la casa de mi sobrina preguntando por mi hermana. Fue a casa de mi hija, al trabajo de mi hermana, y la casa de una vecina amiga mía. A todas pidiéndole que hablaran conmigo para que yo me sentara a hablar con él. Recientemente a mi sobrino lo detuvieron sin motivos en San Francisco de Paula y fue conducido para la estación policial del Cotorro, y quien lo recibió allí fue el oficial Eduardo. Mi sobrino se insultó, le dijo que lo iba a acusar ante la Fiscalía si no lo dejaba tranquilo, y este le dijo que lo único que quería era que me aconsejara salir de las Damas de Blanco”.
Marlene ha contratado a un abogado y se encuentra en proceso de denuncia ante la Fiscalía y las oficinas de atención a la población del Consejo de Estado y del Ministerio del Interior.
Asegura que este hostigamiento contra su persona y su familia se instrumenta a partir de sus circunstancias personales y como consecuencia de que muchas de las miembros de la organización están aisladas porque no tienen concebida una plataforma activa para las denuncias.
