El activista cubano Albert Fonse denunció este viernes 12 de agosto a través de su perfil de Twitter el acoso que sufre en Cuba Maroldys Paredes Martínez por parte de la policía política del régimen.
Según Fonse, que reside en Canadá, la vida de Paredes, joven holguinero, “ha sido un infierno” desde el año 2016, cuando “tres policías Jefes de Sectores le inventaron una acusación por la cual estuvo cinco años preso”.
Si bien Paredes ya se encuentra en libertad y “trabaja de albañil”, los agentes de la policía política “lo siguen citando y acosando”, explica Fonse.
“El joven ya no sabe qué hacer y mandó una carta al Departamento de Población, el nuevo jefe de sector”, alertó el activista que reside en Canadá explicando que Paredes Martinez fue golpeado por un oficial llamado Yunier Pérez García.
La alerta se une a la ola de denuncias sobre la impunidad del régimen cubano y la falta de debido proceso para investigar estos casos. Este sábado, Fonse, cuyo hermano Roberto Fonseca fue sentenciado a 10 años de privación de libertad por las protestas del 11J, también denunció el caso de Yunior Medina, preso político a quien la fiscalía militar pide una condena de 12 años por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021.
“La dictadura cubana le ha decomisado la moto al preso político Yunior Medina y a su esposa porque el día de la manifestación del 11J él andaba en ella. No le basta que a un joven padre civil lo juzguen en un tribunal militar y haber sido golpeado” denunció en el tuit el activista cubano.
El pasado martes, el activista Adel Bonne Gamboa también denunció que estaba sufriendo amenazas por parte de la Seguridad del Estado, mientras el reportero independiente Nelson Julio Álvarez Mairata, tuvo que renunciar a su trabajo en CubaNet por el acoso de la policía política.
Cuba es el país de América con menos libertad de prensa y octavo a nivel mundial, según el listado de 2022 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha condenado la aprobación por el Parlamento de Cuba de un nuevo Código Penal, porque “podría dañar gravemente al periodismo independiente”. La legislación prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos extranjeros y podría usarse para silenciar a los medios y periodistas que dependen de este tipo de financiamiento para operar, como documentó el CPJ en un informe.
