El periodista e investigador cubano José Raúl Gallego expuso esta semana en redes sociales al oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar “Santos” y reprime en el sector de la Cultura.
Gallego explicó en un post en Facebook que “Santos” “tiene como área de trabajo algunos de los teatros de la capital” y que lo exponía como respuesta a las represalias del régimen contra aquellas personas acosadas y reprimidas por la Seguridad del Estado que se atreven a mostrar en fotos a sus represores.
“Como los represores tienen miedo de ser expuestos y se encarnan con quien tiene el valor de hacerlo, pues aquí está el rostro de otro oficial de la Seguridad del Estado”, escribió el académico, a raíz de la multa impuesta al joven Leandro René Hernández Ibarra bajo el Decreto Ley 370 por revelar la identidad de una de las agentes que se encarga de reprimirlo.
De acuerdo con Gallego, “Santos” es uno de los oficiales encargados de controlar a los trabajadores de algunas compañías de teatro habaneras y “garantizar que no exista ningún tipo de acción que pueda resultar incómoda al gobierno durante las presentaciones”.
“Con frecuencia se le ve rondando las instalaciones del Teatro Nacional”, subrayó en su denuncia, a la vez que detalló que la foto que mostraba en su post correspondía al 15 de junio, día en que se efectuó la venta de entradas para el concierto que Pablo Milanés daría en el Teatro Nacional.
“Ahí estaba el oficial ‘Santos’, con pulóver negro y corazón con bandera cubana, junto a la directora del teatro mientras esta explicaba por qué solo habían vendido una cantidad ínfima de entradas”.
“La foto no es muy nítida y en el video Santos se ve solo por unos segundos. Cualquier persona que tenga más información de esta persona o mejores imágenes y quiera hacerla llegar, es bienvenida y su anonimato será respetado si así lo desea”, agregó Gallego.
El investigador, que realiza estudios de doctorado en México, pidió a los cubanos y a sus seguidores en Facebook recordar que personas como el agente expuesto son mantenidas con el patrimonio público, por lo que su trabajo es también público.
Además, “están involucrados en violaciones de derechos humanos graves, por lo que la denuncia constituye un acto de justicia necesario para con las víctimas y los procesos de restitución que deberán vivirse en Cuba una vez que caiga la dictadura”, añadió.
La denuncia de Gallego se suma a una larga lista de otras similares en las que cubanos reprimidos por el régimen o sus familiares y allegados, exponen en redes las identidades de sus represores habituales o de los jueces y fiscales que, faltando a los deberes éticos inherentes a su profesión, participan de injustas condenas contra activistas, opositores y periodistas independientes.
