Una madre cubana desesperada, denunció a través de la prensa oficialista que sus hijas requieren de consulta de psicología y ella de psiquiátrica, ante las amenazas de ser desalojadas de la vivienda que habitan, a pesar de poseer todos los documentos legales del inmueble.
“Siento que mis derechos se están mancillando”, expresó Katia Núñez Manzano, vecina de Corona #607, entre Heredia y Aguilera, en Santiago de Cuba al periódico oficialista Sierra Maestra.
En la edición del sábado 23 de enero, del citado diario estatal, en la sección Santiago en las Noticias, se publicó la queja presentada por Núñez Manzano:
“Soy trabajadora de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria, entidad que me otorgó un local en condición de custodio y posteriormente como vivienda. Me asignaron la empresa ECSI para que me patrocinara la construcción, además del esfuerzo propio. Cuando terminé el primer nivel, me informaron del Gobierno en el municipio y del Distrito que tenía que abandonar el local, -es decir, mi vivienda-, sin importar que he presentado los documentos de legalidad del inmueble y la respuesta de mi entidad de que no es de su interés el local”.
“Debido a esta situación mis niñas están siendo atendidas en consulta de psicología y yo he tenido tres ingresos en el hospital psiquiátrico”, refirió.
“¿Quién me da una respuesta?”, concluyó la madre santiaguera.
Los desalojos en Cuba son más frecuentes de lo que quiere hacer creer el régimen. El problema de la vivienda es uno de los más acuciantes en Cuba; miles de persona viven en albergues, mientras otras no tienen recursos para reparar sus casas. El fondo habitacional se ha deteriorado a lo largo de los años.
Familias cubanas desalojadas por el régimen
A fines de octubre pasado Anaydé Miranda Rodríguez, una cubana batalladora que, como tantas en la isla, ha luchado sin descanso para obtener un hogar donde vivir con su numerosa familia, se comunicó con ADN Cuba, cuando amenazaron con quitárselo y dejarla en la calle.
“Le cuento que yo trabajo en el grupo empresarial de comercio, gastronomía y servicios, en Cienfuegos, donde me desempeño como especialista en recursos humanos. Mi hija penetró en este inmueble que es propiedad de comercio, es decir, no tenía propiedad y se encontraba abandonada hacía dos años, sin luz, sin instalación sanitaria ni agua”, comenta la mujer.
Según aclaró Anaydé a ADN Cuba el inmueble, una bodega, es uno de los tantos que le fueron cedidos a personas sin casa para que pudieran vivir, lo que significa que su estancia allí no es ilegal, a pesar de que todavía no se formalice la propiedad.
De pronto, llegó una mujer del extranjero, que había huido del país por estar inmiscuida en fraude económico —según Anaydé— y logró obtener la propiedad del inmueble donde vive con su familia. “No entiendo cómo lo logró si en este país la gente se pasa 15 años para obtener una propiedad y esa mujer llegó a finales de año y ya la tiene”.
La mujer, “por este problema de la COVID no se ha podido ir, aunque siempre trata de evadir la justicia, y como tiene dinero sobornar a todo el que puede. De 20 bodegas que se entregaron en ese momento solo ella tiene propiedad”.
“Ahora yo tengo que irme con mi hija y con mis nietos para la calle, porque este país no me da otra opción que el desalojo”. Según Anydé “la compañera de Vivienda” que la visitó la amenazó con las brigadas especiales, la policía y un operativo montado para desalojarla donde participarían “todos los factores”.
Su hija tiene un tumor cerebral que le hizo perder la autoconciencia. El lado derecho de su cuerpo lo tiene totalmente paralizado, incluido el ojo. No puede caminar; no tiene control sobre la forma en que su cuerpo evacua los desperdicios; todo lo que come debe ser líquido y cada mes hay que llevarla al hospital en una ambulancia para drenar el líquido que supura el tumor.
Para colmo de males, la más pequeña de sus nietas tiene apenas 18 meses.
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En noviembre de 2019 la activista Diasniurka Salcedo Verdecia también denunció que funcionarios trataron de desalojar familias establecidas cerca de la textilera Arquitex en Alquízar, provincia Artemisa, pero se tuvieron que retirar ante la resistencia de los vecinos.
Según declaró la activista a ADN Cuba, se trata de casi 40 familias, algunas con niños, del mismo territorio (no migraron de las provincias orientales), que perdieron sus viviendas por inundaciones hace años en la zona costera de Guanímar. Ante la falta de solución del Estado, los ciudadanos ocuparon el terreno “enyerbado” y poco a poco fueron levantando sus hogares.
“Llevan más de dos años allí los vecinos”, aseguró Salcedo, quien lamentó que, aunque los partidarios y funcionarios del régimen se fueron, “dijeron que virarían”.
Viviendas en Cuba: la promesa incumplida del castrismo
La construcción de viviendas por cada 1000 habitantes disminuyó de 6,1 en 1989 a 3,6 en 2005. En 2006, se construyeron 111 400 nuevas unidades y la proporción subió a 9,9, ambos récords históricos. Pero esas cifras fueron infladas, pues incluyeron viviendas edificadas anteriormente que recibieron ese año una habilitación para la ocupación, así como viviendas en construcción.
Después de 2006, la construcción de viviendas bajó constantemente hasta 22 100 en 2016, mientras que la razón de unidades construidas por 1000 habitantes disminuyó de 9,9 a 1,9.
El presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) Víctor Ramírez, declaró en 2008 expresó que 1,17 millones de viviendas (30 por ciento del inventario) estaban en condición “regular” o “mala” y que el 85 por ciento de las unidades con más de tres pisos necesitaban reparaciones fundamentales, pero la falta de materiales de construcción lo impidió.
