De no haber sido por la negligencia del personal médico, este 7 de octubre aún estaría viva la pequeña Paloma Domínguez Caballero, la niña que murió en un hospital cubano con apenas un año por una complicación de salud cuya solución hubiera sido algo sencillo en cualquier parte del mundo.
Fue el 7 de octubre de 2019 cuando Yaíma, su madre, la llevó al policlínico Betancourt Nenínger, ubicado en la Zona 15 del reparto de Alamar, para ponerle una vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, pero esto provocó una reacción en la pequeña que le costó la vida. Yaíma cuenta que le costó mucho quedar embarazada de Paloma y compró a muchos médicos para lograr su tratamiento de fertilidad.
Junto a su esposo, el padre de Paloma, salió de Cuba tras la tragedia, a causa de amenazas que recibían de la Seguridad del Estado por haber denunciado el caso, al que el presidente Díaz-Canel sólo se refirió en un mensaje de Twitter lamentando que era una pena que se hubiera politizado.
En su momento se culpó a la enfermera que la trató por negligencia médica, quien fue llevada a juicio en agosto, según informó la madre en redes sociales y replicaron medios independientes en su momento.
Las autoridades cubanas aseguran que una Comisión del MINSAP se encargó de esclarecer el asunto. En noviembre de 2019, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó los resultados de la investigación realizada para esclarecer lo que el propio ministerio ha calificado como “un evento adverso asociado a la vacunación con PRS” (aplicada contra Parotiditis, Rubéola y Sarampión).
Las causas del lamentable suceso habrían sido “violaciones de las normas establecidas en la vacunación, provocados por negligencias durante el proceso de conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado”.
La negligencia médica o los daños derivados de la atención médica han sido un tema tabú para el gobierno, escasamente reportado en la prensa oficial. En Cuba no existen organizaciones de la sociedad civil a las que se les permita realizar investigaciones independientes sobre el sistema de salud y que puedan dar evidencia para la incidencia política, y mejorar la rendición de cuentas de los servicios médicos.
Voceros del régimen, en especial el presidente Miguel Díaz-Canel, trataron de diluir responsabilidades en el suceso y acusaron a los medios independientes de politizar el caso. Sin embargo, la propia madre denunció amenazas por sus publicaciones de lamento en redes sociales.
Al mismo tiempo, oficiales de la Seguridad del Estado advirtieron y amenazaron a la pareja de padres sobre las denuncias que habían estado haciendo en las redes sociales, lo que los obligó a emigrar temiendo por su vida.
Todavía hoy, Yaima, como es de esperar, continúa sumida en la tristeza, como dejó ver en un video que publicó el 3 de octubre. Y no es para menos, porque su hija cumplió un año en esa misma fecha de 2019 y la perdió sólo seis días más tarde.
