El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, siglas en inglés) condenó este 19 de agosto la promulgación de leyes en Cuba que limitan la libertad de expresión en redes sociales, y pidió su derogación inmediata.
“No importa cuántas leyes y decretos nuevos aprueben las autoridades cubanas: los cubanos tienen derecho a recibir noticias imparciales y sin filtros. Estas regulaciones deben ser derogadas de inmediato”, dijo Ana Cristina Núñez, investigadora de CPJ.
“Con este conjunto de regulaciones vagamente definidas, las autoridades cubanas buscan impedir que los ciudadanos expresen su descontento y accedan libremente a información en línea”, agregó.
Núñez puso en duda la legitimidad de la normativa, al utilizar términos como “información falsa y ofensiva”, sin aclarar qué criterios se tomarían en cuenta para distinguir lo falso de lo verdadero, lo ofensivo de lo inofensivo.
El anunció del Gobierno cubano incluyó el Decreto-Ley 35 sobre “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad”.
El artículo 69 del Decreto-Ley 35 otorga al monopolio de las comunicaciones, ETECSA, poderes extendidos para clausurar cuentas en redes sociales cuando detecte “información falsa u ofensiva”.
La Resolución 105 enumera los delitos en línea: “difusión de noticias falsas”; “difamación con impacto en el prestigio del país”, así como la “difusión nociva”, que define como la propagación de contenido que “incite a manifestaciones u otros actos que puedan afectar el orden público”.
Esta normativa también cubre el “ciberterrorismo”: acciones cuyo propósito es subvertir el orden constitucional. La Resolución 105 no especifica sanciones para cada uno de estos “delitos”.
Según publicó el medio oficialista Cubadebate, la resolución ejecutará lo establecido en el Decreto 360/2019 —la ley que controla el ciberespacio nacional— que tiene "carácter preventivo y alcance a toda la sociedad".
De acuerdo con Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicación (Mincom), "por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico".
La aprobación de este conjunto legal provocó críticas de organizaciones pro-derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
