Son numerosos las denuncias de cubanos en redes sociales alarmados y molestos por la presencia de turistas en el país que no respetan ni las mínimas medidas impuestas por el régimen para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
Pero a los nacionales, sí les ponen mil ojos arriba y ahora se suman los inspectores del Transporte, quienes tendrán la facultad para multar a quienes incumplan con medidas sanitarias, según un artículo publicado este 8 de enero por la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN)
"Para enfrentar el relajamiento percibido en la capital en cuanto al cumplimiento de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, los inspectores de transporte también serán investidos con la potestad para aplicar el Decreto 14, a razón del cual los infractores pueden ser multados con cuantías de hasta tres mil pesos", escribió la ACN.
Al respecto Orestes Llanes Mestre, coordinador de Fiscalización y Control del Gobierno de La Habana, en comparecencia el programa televisivo Hola Habana, informó que solo en la jornada de del pasado día 7 "se impusieron alrededor de 100 contravenciones de dos mil pesos por estas causas", y por supuesto, ninguna de ellas fue a ciudadano extranjero.
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Alega la ACN que esta nueva medida responde a la necesidad de "reforzar la disciplina y el acatamiento de lo establecido y evitar sobre todo las aglomeraciones, por lo que se atienden con especial énfasis las colas, las capacidades en los medios de transporte, cafeterías y paladares".
Asimismo resalta que en el caso de las cafeterías y paladares, algo que sin duda se enmarca en la cruzada que desde hace algunos meses abiertamente ha emprendido el régimen contra los cuentapropistas, los responsables de estos establecimientos, por una indisciplina en ese sentido, podrían llegar a pagar hasta tres mil pesos, o perder "la licencia para ejercer la actividad por cuenta propia".
Orestes Llanes aprovechó su presencia frente a las cámaras para referirse también a la presión que desde octubre último viene ejerciendo el régimen sobre los cuentapropistas en la ciudad "para el control de los precios de productos agrícolas, para los cuales se fijaron un total de 44 precios máximos".
Precisó además, que "estos precios son para todas las formas productivas que comercializan alimentos en la capital y pueden sufrir variaciones en dependencia de la calidad", y esto último lo dijo como si no fuera un obviedad, pues es claro que un tomate podrido no puede costar lo mismo que uno en su mejor estado.
