El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) indica que en el mes de febrero se produjeron 159 manifestaciones públicas en la isla motivadas por la represión y brutalidad policial, que lejos de amilanar a los reprimidos, provocó más protestas.
“Se sigue incrementando el número de manifestaciones públicas a todo lo largo y ancho de la isla. De esas 159, el 70% está directamente relacionado con derechos políticos y civiles”, dijo Juan Antonio Blanco, presidente del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue lo que califica el Observatorio, como “nueva, emergente y multifacética sociedad civil” en la que incluyen el Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
A pesar de que hay una gigantesca crisis socioeconómica de país, sólo el 30% de las muestras de descontento estuvo vinculado a los temas económicos y sociales.
Las demostraciones públicas pueden ser pintadas, carteles, gritar consignas, negarse a cumplir órdenes policiales o administrativas, marchas, sentadas, distribución de volantes, memes y chistes satíricos de las políticas gubernamentales y muchas más.
“Febrero comenzó con la divulgación en las redes sociales del mensaje del sacerdote camagüeyano Alberto Reyes a perder el miedo”, dice el informe del OCC y añade: se ha demostrado que “(…) las protestas públicas forman parte de una nueva cultura en la isla y que la represión y los actos de repudio lo que hacen es multiplicarlas”.
Aseguró Blanco que “la represión está teniendo un efecto contrario al que ellos buscan. La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando la protesta económica y social y transformándola en política”.
Para probar su afirmación, el reporte del Observatorio apela a numerosos ejemplos entre ellos el rechazo público de cientos de cubanos a los actos de repudio, los reclamos de madres solteras por viviendas o alimentos y la decisión de campesinos de no vender sus cosechas al Estado.
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“Se le ha acabado no solamente el capital financiero al gobierno, se le ha acabado lo que la gente llama el capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio”, acotó el directivo del OCC.
Según la institución, las expresiones de disconformidades económicas y sociales fueron originadas fundamentalmente por el incremento del costo de vida a partir de la “tarea de reordenamiento de precios”, las prohibiciones de trabajo privado a varios sectores, especialmente profesionales y los problemas de vivienda, agua, alimentación, transporte.
Por otro lado, el informe denuncia que el régimen continúa impidiendo la producción cultural y la prensa libre a través de la exclusión, para ejercer de forma privada, de 124 actividades, que abarcan el periodismo, el cine, la edición de libros y la educación, entre otros rubros, lo que llevó a nuevas demandas.
Las autoridades “hacen ocasionalmente concesiones puntuales no esenciales y se repliegan”, señaló el dossier. Sin embargo, cualquier tipo de desaprobación ciudadana es marcada por la policía política que entonces comienza una labor individualizada de presiones laborales, en los centros de estudio, en los barrios de residencia para vigilar e influir sobre el manifestante, indicó el Observatorio.
Asimismo, controlan sus movimientos, comunicaciones telefónicas, y participación en redes sociales y pueden llegar a los asesinatos de reputación y linchamiento mediático, tal como ha ocurrido en los meses recientes.
El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos ex oficiales de las FAR y el Minint que publicaron una proclama en la que autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.
“Según la conversación que yo he tenido con los cinco que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, ellos hicieron esa declaración porque le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla y algunos de ellos altos oficiales, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlos y por lo tanto quieren alertar de que una cosa de esta naturaleza provocaría una guerra civil y hasta una intervención extranjera en el país”, relató Blanco.
Este 28 de febrero, decenas de residentes de Caibarién, Villa Clara, se dirigieron a la sede del Poder Popular municipal para exigir que anularan una multa de 2000 pesos impuesta a un trabajador privado. Los demandantes consiguieron que las autoridades retiraran la sanción.
(Con información de Yolanda Huerga en Radio Televisión Martí)
