La organización sin fines de lucro Cubalex informó que el abogado Julio Ferrer puso una demanda este lunes 5 de septiembre ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial Popular de La Habana contra un órgano del MININT y la Terminal Número Tres del Aeropuerto Internacional "José Martí".
Según alega la ONG en su sitio oficial, "a Ferrer se le impide salir del país de modo arbitrario desde 2019 sin que conste en un documento legal su regulación o motivos de esta".
En su actual demanda, el abogado exige "la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra; una retractación pública por parte de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior; y que la Terminal Número Tres del Aeropuerto Internacional "José Martí" abone una suma $3 960.00 CUP como reparación del daño material causado".
El gobierno cubano utiliza la prohibición de salida o entrada al país de modo arbitrario para castigar y/o ejercer control sobre periodistas, activistas, opositores y defensores de Derechos Humanos. En 2020, el Instituto Patmos llegó a contabilizar más de 200 personas reguladas.
La Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales fue recientemente aprobada en la V Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular y entró en vigor el pasado 15 de julio.
La nueva ley se aplica en casos de vulneración de los derechos constitucionales "ante los daños o perjuicios que sufran las personas, causados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, y por particulares o por entes no estatales".
En enero de 2020, el abogado y activista independiente interpuso una demanda en "proceso administrativo" contra el Ministro del Interior de la República de Cuba, el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, por violar los derechos ciudadanos establecidos en los artículos 52 y 53 de la Constitución cubana, que textualmente rezan: "Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley" y "todas las personas tienen derecho de solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades".
