La Organización no Gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció el acoso y la persecución de la dictadura cubana a quienes se expresan libremente en redes sociales.
“El régimen cubano tiene un nuevo objetivo de hostigamiento: los influencers de las redes sociales”, denunció José Miguel Vivanco, abogado chileno y defensor de derechos humanos, director de la División de las Américas de HRW.
Vivanco mencionó que los jóvenes youtubers Ruhama Fernández, Jancel Moreno (colaborador de ADN Cuba), Yander Serra, así como los activistas y comunicadores Iliana Hernández y Maykel Castillo (conocido en el mundo del rap como Osorbo), “han sufrido hostigamiento policial, amenazas y detención”.
El jurista y defensor de los derechos humanos, compartió una nota de su organización en la que denuncian que “el gobierno de Cuba tiene una historia bien documentada de hostigamiento de disidentes, periodistas y miembros de la oposición. Ahora tiene un nuevo objetivo: los influencers de las redes sociales”.
La ONG se hizo eco de cómo el pasado 14 de octubre, la policía llegó a las casas de cuatro de ellos que estaban a punto de participar en un foro en línea sobre la política cubana. Dos —Jancel Moreno y Maykel Castillo— fueron detenidos, mientras que a Iliana Hernández y otros les cortaron el Internet. Ruhama Fernández, de apenas 21 años, debió esconderse para participar en la discusión por teléfono.
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Lo ocurrido ese día “fue sólo el último ejemplo del tipo de acoso que han enfrentado”, se afirma en el texto de HRW. La entidad ejemplifica la presión de la dictadura contra los jóvenes, tomando como ejemplo lo sucedido con Fernández, quien inició su canal de YouTube hace apenas diez meses.
“En los videos de Fernández, que a menudo critican al gobierno, habla de los acontecimientos actuales y entrevista a la gente sobre su vida cotidiana o sus puntos de vista sobre la política”, explican.
Poco después de que la joven santiaguera comenzó a hacer videos, sus amigos recibieron citas de la policía. Los oficiales aparecían fuera de sus hogares y de los lugares de trabajo de sus padres.
“Querían saber quién era yo, dónde vivía, si tenía novio”, dijo Ruhama en entrevista con la ONG.
Comenzaron a detener a su hermano en la calle, a veces policías uniformados, pero a menudo personas vestidas de civiles, pertenecientes a la Seguridad del Estado.
“Le dicen que debo dejar de hacer lo que estoy haciendo, o podría desaparecer”, aseguró la joven influencer, que en abril recibió su primera citación policial.
En la estación, un oficial le dijo que debía dejar de publicar videos, o de lo contrario podrían procesarla por “contrarrevolucionaria”.
En julio, el régimen obligó al proveedor de Internet a cortar la conexión en casa de Ruhama Fernández, quien recibía acceso a través de una red informal dirigida por un vecino. Esta persona dijo que la policía amenazó con cerrar toda la conexión si continuaba suministrando a la joven.
En agosto, las autoridades negaron a la joven un pasaporte para viajar a los Estados Unidos a visitar a sus padres. Está “regulada”. Un funcionario del Ministerio del Interior le dijo que no podía salir del país por “razones de interés público”, una medida de justificación frecuentemente invocada para impedir que los disidentes viajen.
HRW reporta que, en septiembre, después de ser interrogada por segunda vez por la policía, Fernández publicó un video detallando su experiencia, y días después recibió una llamada de un número desconocido que amenazaba con “acabar” con ella si salía de su casa.
Human Rights Watch es una prestigiosa organización no gubernamental, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede principal se encuentra en Nueva York, y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.
