La activista opositora Marisol Peña Coba, denunció que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) la citó para una de sus dependencias para que respondiera sobre “noticias subversivas” que ella habría compartido en sus redes sociales.
“En este instante acaban de hacer presencia en mi casa funcionarios de Etecsa para citarme verbalmente para que me presente mañana [viernes] en sus oficinas”, explica Peña Coba en un post de Facebook.
“Según ellos porque estoy utilizando mi cuenta para noticias subversivas, les dije que me trajeran una citación oficial o no me presentaba, que le digan a los esbirros de la seguridad [del Estado] que conmigo es por gusto”, añadió la cubana, quien compartió fotos del vehículo estatal y su matrícula, un jeep de fabricación rusa muy usado también por el Ministerio del Interior.
Marisol Peña Coba aseguró que ella no pagará “multa ninguna y que si quieren sacarme de mi casa tendrán que tumbar la puerta, abajo el comunismo”, finalizó su denuncia, en la que dedicó fuertes palabras al presidente designado por el general Raúl Castro, el polémico Miguel Díaz- Canel.
Según la activista, quienes en realidad están detrás de la citación del monopolio estatal de telecomunicaciones, son los agentes de la policía política del gobierno.
“En mi contrato telefónico la dirección que aparece es del municipio Santa Cruz del Sur que es la que tengo hace más de 30 años en mi carne de identidad y no es la dirección de donde vivo hace más de 20 años”, explicó en un comentario al pie de su denuncia. Cree que una evidencia de la complicidad de la policía es que los supuestos funcionarios “en vez de ir a Santa Cruz a localizarme vinieron directo y tocaron mi puerta, eso demuestra que es trabajo de la CI [Contrainteligencia]”.
Lo cierto es que el régimen desde hace meses acosa a los cubanos que opinan libremente en internet, mediante una norma inconstitucional aprobada de espaldas al Parlamento.
El cuatro de julio de 2019 el número 45 de la Gaceta Oficial de Cuba publicó el Decreto-Ley 370, el cual establece un amplio control por parte del gobierno sobre internet, que se ejerce a través del artículo 68 que crea contravenciones (delitos menores) asociadas a las publicaciones personales en las redes sociales e incluye como castigos además de multas de 3 mil pesos (unas cuatro veces el salario medio nacional), el decomiso de los equipos y medios utilizados en la conexión a la web.
En el artículo (i) de dicha legislación se afectan derechos humanos fundamentales relacionados al uso de las tecnologías de la información y se coarta la libertad de expresión en Cuba, una vez más. Este artículo estipula de modo difuso y ambiguo que se sanciona el hecho de “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”; pero no deja claro que acciones podrían entrar en esta categoría o no.
Ni el régimen cubano, ni su monopolio estatal de las telecomunicaciones Etecsa, aceptan las críticas o las opiniones de los habitantes de la empobrecida “Mayor de las Antillas”.
Este jueves el medio de propaganda oficial Cubasí publicó acusaciones contra la iniciativa de activistas de la sociedad, quienes convocaron a una protesta en redes sociales contra los altos precios del ineficiente servicio de internet en la isla.
Según un texto del director de ese periódico digital, el tuitazo el próximo sábado 30 de mayo para exigirle a Etecsa que baje sus precios y establezca tarifas planas, es parte de una “campaña de odio contra Cuba”, que según él articulista estaría orientada desde la mismísima Casa Blanca.
