La empresa estatal Unión Eléctrica, única proveedora de este servicio en Cuba, impuso unas 17 mil multas por “fraude eléctrico”, según medios oficiales.
El periódico Granma, vocero del Partido Comunista, publicó que varias “fueron las manifestaciones de quienes, sin reparo, se sirvieron de la interrupción del trabajo de lectores cobradores e inspectores para cometer el delito de robo de electricidad”. Entre esos hay no pocas instituciones pertenecientes al gobierno.
Según Jorge Armando Cepero Hernández, director general de la UNE, desde inicios del 2020 hasta mediados de marzo “se habían recuperado 8 178 megawatts-hora (mwh) relacionados con esta forma de pérdida, que no solo se manifiesta en el sector residencial, sino que afecta también al área estatal”.
La empresa, con más de cuatro millones de clientes, en 2019 “impuso 17 000 multas”, según el diario oficialista.
En La Habana, una de las provincias con mayores casos de este tipo, durante el pasado año se impusieron 2 752 multas, “y por concepto de recuperación de energía, se pudieron rescatar 6,46 higawatts-hora (hwh), que antes no se contabilizaban”.
Según Leisy Hernández González, directora comercial de la une en La Habana, las irregularidades son identificadas, tanto en los procesos de medición como de facturación, pero sobresalen en este último. Hasta el cierre de junio de 2020, los delitos sancionados en esta provincia ascendieron a 1 137, a partir de los cuales se recuperaron 3,5 hwh de energía.
Las alteraciones en cables para desviar la corriente antes de ser medida por el aparato contador de electricidad, y la utilización de imanes que detienen la lectura de este equipo son algunas de las formas más usadas por los cubanos para evitar el pago del deficiente servicio. También las conexiones sin autorización a las redes eléctricas, las llamadas “tendederas” asociadas a viviendas levantadas sin permiso por ciudadanos que necesitan con urgencia una casa.
Según el directivo, “aunque constituyen una irregularidad, el objetivo de la Unión Eléctrica no es quitarles la electricidad a quienes la utilizan, sino hacerles conciencia en el pago de su consumo y, en lo posible, metrarlas”.
Las entidades pertenecientes al Estado también “roban” electricidad. “Las empresas tienen un plan de consumo asignado por los organismos superiores a los que se subordinan (…). Sin embargo, la corrupción de algunos trabajadores y administrativos conlleva a la invasión del tendido delante del metrocontador, para utilizar esa corriente en más producción, que claramente será desviada”, reconoció Armando Cepero.
“En 2019 en La Habana identificamos lugares, como bodegas y carnicerías, donde se desviaba la corriente para hacer uso de estas unidades una vez que el metrocontador interrumpía el paso de la electricidad, cuando se les agotaba el plan asignado”, explicó al diario oficialista.
Foto de portada: Tomada del diario independiente 14ymedio
