La ofensiva del régimen cubano contra acaparadores y revendedores, presuntos o demostrados, volvió a tener como víctima a un trabajador por cuenta propia, eufemismo ya consolidado por el discurso oficial para referir a las personas que deciden trabajar en el sector privado.
En esta ocasión se trató de una ciudadana del municipio 10 de Octubre, en La Habana, quien es acusada de actividad económica ilícita por ocupársele en su cafetería y en el domicilio de su madre “cantidades considerables” de productos y artículos cuya procedencia legal no pudo demostrar.
Según un reporte del Noticiero Estelar del Sistema Informativo de la Televisión Cubana -convertido en tribunal exprés frente a la opinión pública en estos tiempos de coronavirus, con el objetivo de moralizar puerilmente y atemorizar a la ciudadanía que quiera tener una vida digna y con recursos superiores a los escasos que se pueden acceder bajo el manto del Estado-, bajo el amparo de su licencia de trabajador por cuenta propia, que legaliza la actividad de cafetería, la mujer “revendía varios productos que para nada figuran entre los autorizados a comercializar por dicha patente”.
Asimismo, ejercía la actividad de recarga de móviles, algo a lo que muchos, para beneplácito del monopolio de las Telecomunicaciones en la isla, se dedican conjuntamente con familiares o amigos residentes en el exterior del país.
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Las fuentes policiales que declararon en el reporte afirmaron que a la titular de la cafetería se le procesará por supuesta actividad económica ilícita. Con la colaboración de vecinos se tuvieron indicios de que poseía cierta cantidad de productos no justificados, lo cual finalmente se comprobó tras una inspección domiciliar.
“El operativo permitió ocupar grandes volúmenes de mercancía, entre la que se encuentran considerables cantidades de cerveza, puré de tomate, aceite, sal, jugos y café, evidenciándose un excesivo acaparamiento de los productos ahí almacenados”, alegó el periodista oficialista mientras mostraba imágenes de los artículos ocupados.
También se ocupó un tanque de 55 galones con combustible diésel, por lo que se presume una posible venta ilegal de la cuentapropista, mientras que en otro de los registros que se le realizaron fueron hallados “grandes volúmenes de detergente, jabón de lavar y de baño, y pasta de diente”.
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El reporte no precisa cuántas unidades de cada artículo hacen esas “considerables cantidades” para el “acaparamiento excesivo”, así como tampoco el monto de las “grandes cantidades de dinero provenientes de las actividades ilícitas en ambos locales registrados”, el cual también fue ocupado.
De manera similar a otros reportes sobre presuntos delitos para “lucrar” de cuentapropistas y ciudadanos comunes, que ya van siendo costumbre en los espacios noticiosos del oficialismo, éste de la cafetería de 10 de Octubre no cuestiona ni analiza los males de fondo que generan en la ciudadanía prácticas como la intervenida, o las causas de que el trabajo por cuenta propia en Cuba, para existir, tenga que acudir muchas veces a la reventa de bienes comercializados por el Estado.
