La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acordó con Cuba la ejecución de un proyecto de 119 millones de dólares, que beneficiará la producción agropecuaria en comunidades de la isla vulnerables al cambio climático.
Según se informó este lunes el Ministerio de la Agricultura de Cuba (Minag) y la FAO, diseñaron el proyecto recién aprobado en la Junta del Fondo Verde para el Clima (FVC), celebrada en Ginebra (Suiza).
El FVC aportará 38,2 millones de dólares a este plan, mientras que el gobierno cubano contribuiría con 81,7 millones en cofinanciación para el proyecto, aseguraron medios de prensa estatales.
La iniciativa “Incremento de la resiliencia de las familias y comunidades rurales frente al clima mediante la rehabilitación de territorios productivos en localidades seleccionadas de la República de Cuba”, es el cuarto formulado de conjunto con la FAO en América Latina y el Caribe, y aprobado por ese mecanismo financiero internacional.
Pretenden implementarlo en siete de los municipios más vulnerables a los efectos del cambio climático en tres provincias cubanas: la occidental Matanzas (Los Arabos); en la zona central, Villa Clara (Quemados de Güines, Corralillo y Santo Domingo) y Las Tunas en el Oriente del país (Amancio, Colombia y Jobabo).
Su objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar la estabilidad de los sistemas locales de producción de alimentos, el empleo y el acceso al agua.
El medio oficialista Cubadebate, asegura que el acuerdo “busca contribuir a un cambio de paradigma en la producción agropecuaria, dando paso a sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes al cambio climático”.
Durante siete años, el proyecto buscará beneficiar a 240 mil personas y mitigar la emisión de alrededor de 2,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, trabajando con 52 mil agricultores y sus familiares, de los cuales 25 mil son mujeres.
Para este proyecto se prometen inversiones en tecnología, maquinaria, equipamiento y recursos para rehabilitar paisajes productivos, mediante sistemas agroforestales, la reforestación y la regeneración natural asistida.
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En febrero de 1978 la FAO estableció una representación oficial en La Habana. La agroindustria, la agricultura sostenible, la inclusión social, la acuicultura y el cambio climático están entre las principales áreas de cooperación mutua.
En 2015 la FAO reveló que había aportado financiación a Cuba por un monto que oscilaba entre los 65 y 70 millones de dólares, para proyectos de asistencia a la agronomía y la alimentación. En 2017 el organismo activó un fondo especial de emergencia para asistir en la rehabilitación de la producción agrícola y pesquera en Cuba, con el fin de aliviar los estragos provocados por el huracán Irma.
Según medios oficiales el representante de la FAO en la isla, Marcelo Rasende, consideró que la firma del actual convenio, en medio de la compleja situación ante la COVID-19, “muestra la apuesta del país caribeño por impulsar las inversiones en el sector agrícola y desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y con alta capacidad de resiliencia ante eventos climáticos”.
Sin embargo, el interés oficial en el “desarrollo agrícola” que exhibe el gobierno ante organismos internacionales, no se muestra de la misma manera con los campesinos de la isla, que critican límites del régimen para sembrar o producir carne en un sistema altamente centralizado. Decomiso de cosechas, y pérdida de otras por desinterés de la industria estatal, son algunas de denuncias recientes.
A mediados de mayo, la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur), en su capítulo Cuba, publicaron una carta dirigida al presidente y el primer ministro de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, respectivamente, en la que piden al estado aceptar con “suma urgencia” cinco puntos esenciales que podrían evitar que el país caiga en una hambruna severa en el corto plazo.
Con fecha de este miércoles 14 de mayo, las organizaciones afirman en su misiva que los campesinos quieren “ayudar al pueblo”. Para poder hacerlo, sostienen, es menester que el estado y gobierno de Cuba libere la producción y distribución de los productos agropecuarios; permita que los campesinos tengan “libertad para fijar los precios” de sus productos “de acuerdo al mercado” y para “importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos”.
