Cuba y sus aliados ideológicos en Latinoamérica votaron está semana en Naciones Unidas contra una resolución que aboga por la responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones y prevenir los genocidios y otros crímenes contra la humanidad.
Con su voto, la mayor de las Antillas, Venezuela, Nicaragua y Bolivia se unieron a otras 11 naciones para integrar lo que el Observatorio de las Naciones Unidas (ONU Watch o UN Watch, por sus siglas en inglés) denominó la “lista de la vergüenza”, frente a otros 115 países que votaron a favor de la determinación y 28 que se abstuvieron.
ONU Watch es una organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, encaminada a “supervisar el desempeño de las Naciones Unidas, según el criterio de su propia carta”. Es la única ONG de su tipo acreditada por las Naciones Unidas, hecho del que se precia en su web y perfiles en redes sociales.
“LISTA DE VERGÜENZA: Países que acaban de votar NO a la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger”, escribió el Observatorio en su perfil de Twitter, donde compartió una imagen con los votos de todas las naciones que asistieron a la sesión correspondiente de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La resolución intitulada “La responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad” fue votada en la máxima instancia de la organización internacional los días 18 y 19 de mayo.
Además de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, a ella se opusieron Corea del Norte, Kirguistán, Zimbabue, Indonesia, Burundi, Bielorrusia, Eritrea, Rusia, Egipto, Siria y China, países casi todos señalados con frecuencia por las carencias democráticas y plurales de sus regímenes.
La representación cubana ante la Asamblea General justificó su voto alegando que la responsabilidad de proteger puede ser manipulada para “usarse de forma selectiva con fines políticos” y “facilitar la injerencia y agendas como las de cambios de régimen”.
“También suele ser empleada con el objetivo de contar con herramientas para la subversión en terceros países, por lo general pequeños y en desarrollo”, subrayó en Twitter el representante permanente de Cuba ante la ONU, Pedro Luis Pedroso.
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Tales argumentos han sido frecuentes en la diplomacia del régimen de la isla, sobre todo ante los frecuentes señalamientos de los que ha sido objeto por violar los derechos humanos de sus ciudadanos y discriminarlos con base en sus ideas y posiciones políticas.
La responsabilidad de proteger
En 2005, todos los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la Cumbre Mundial afirmaron su compromiso con la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con lo consensuado y reflejado en la web de Naciones Unidas, la responsabilidad de proteger se basa en tres pilares: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones, la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones, y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo.
Ivan Šimonović, asesor especial del secretario general de la ONU sobre la responsabilidad de proteger, sostiene que “la aprobación de este principio en 2005 constituyó un compromiso firme que despertó grandes expectativas sobre un futuro libre de este tipo de crímenes”.
Sin embargo, reconoce, la diversidad e intensidad de las crisis que se están produciendo en todo el mundo hace que muchos piensen que el principio no ha dado resultados.
El voto esta semana de 15 países contra una resolución sobre el principio, y la abstención de otros 28, puede verse como otra prueba de que la responsabilidad de proteger no es aceptada por igual por todos los Estados de la comunidad internacional, al menos no cuando de asumir compromisos formales o vinculantes se trata.
La democracia y sus valores sustantivos de pluralidad, coexistencia y no discriminación distan de ser asumidos por todos los miembros de la ONU, por lo que también lo serán todas aquellas iniciativas que cuestionen, directa o indirectamente, prácticas y lineamientos de los regímenes no democráticos que aún perviven.