COVID-19: castrismo sin dinero para comprar vacunas y culpa a EEUU

La justificación del régimen para no comprar vacunas de probada efectividad contra el coronavirus, y lanzarse a una costosa carrera por patentar cinco fármacos propios, es que el gobierno no tiene dinero y culpa al embargo de Estados Unidos
Miguel Díaz-Canel, junto publicidad de posible vacuna soberana. Foto: Cubaperiodistas
 

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La justificación del régimen cubano para no comprar vacunas de probada efectividad contra el coronavirus, y lanzarse a una costosa carrera por patentar nada menos que cinco fármacos propios –mientras la población sufre escasez de alimentos y medicamentos básicos–, es que el gobierno no tiene dinero y culpa al embargo de Estados Unidos.

Cuba no ha integrado la plataforma internacional llamada Mecanismo Covax, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades para garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus, ni las ha comprado a otros países.

El doctor Luis Herrera Martínez, ingeniero genetista y asesor comercial del grupo estatal BioCubaFarma, asegura que la isla no importa vacunas por “un componente económico”.

“Si Cuba tuviera que vacunar a su población, si va a emplear una de las vacunas existentes hoy en el mercado, tendría que emplear (y comprar) más de 30 millones de dosis. Eso se multiplica por el precio de cada dosis en el mercado... Ese dinero, hoy, no está disponible”, reconoció al medio oficialista Cubadebate.

Esta sería la principal razón para que el régimen se lanzase a desarrollar cinco vacunas propias contra el coronavirus. Dos de estos candidatos vacunales –Soberana 02 y Abdala–, se encuentran actualmente en la tercera etapa de ensayos clínicos para evaluar su eficacia.


No obstante, ninguno de estos fármacos cuenta con la autorización de uso de emergencia o registro. A pesar de esto, comenzaron en la isla “estudios de intervención controlada”, tanto en la capital como en la y la zona oriental, a través de los cuales se prevé la administración masiva de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, con el objetivo de acelerar el proceso de certificar el fármaco y su posterior comercialización.

Además, Herrera Martínez responsabiliza a Estados Unidos de la situación y de que el castrismo esté enfocado en lograr “soberanía” en el tema de la vacuna.

“Sometido el país al bloqueo, en la actual situación financiera, hay que tomar en cuenta el escenario posible si esta enfermedad se prolongara y hubiera necesidad de reactivación: más vacunación y más millones de dosis”, dijo a Cubadebate.

“Hay países que están recibiendo lotes, pero a ritmos insuficientes que requerirán meses, o años en algunos casos... Hay muchos a los que no ha llegado, países pequeños o de ingresos bajos. El cumplimiento del programa diseñado por Cuba conduce a lograr una vacunación voluntaria total de la población en 2021, cosa que, a muchas naciones, en las condiciones actuales, les va a resultar imposible”, presumió el científico y funcionario castrista.

Añadió que “entre las mayores productoras [de vacunas] están las compañías de Estados Unidos. Y ya hemos leído en las noticias sobre los desacuerdos entre países, incluidos los de la Unión Europea, por los suministros, y también de los atrasos en los suministros comprometidos por las compañías”.

“Hay muchos intereses en medio, y en medio de esos intereses iba a ser muy difícil para Cuba conseguir las dosis necesarias”, afirmó.

Según Cubadebate, el pasado lunes 5 de abril comenzó la aplicación de la segunda dosis de Soberana 02 y Abdala. El doctor Rolando Pérez Rodríguez, director de Ciencia e Innovación de BioCubafarma, precisó que el “estudio de intervención” en la capital “con personal de la salud, trabajadores de BioCubaFarma y personal de riesgo”, acumuló en una semana unos 47 266 sujetos que recibieron la primera dosis, lo que representa el 63.3 % del total de 74 665 “voluntarios” previstos para la primera etapa.

Prevén que a finales de abril se inicie la “intervención poblacional” con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala, que se aplicarán a 1.6 millones de personas en La Habana.