El castrismo culpa a los cuentapropistas de los altos precios en el mercado formal e informal, a pesar de que la inflación es un resultado de su pésima gestión de la economía nacional.
Granma, el gramófono del Partido Comunista, la emprendió el 17 de enero contra los vendedores de las provincias Guantánamo y Villa Clara, luego de entrevistar a funcionarios de ambos territorios, encargados de velar por los topes de precios decretados por el régimen.
El texto hace una especie de panegírico de los inspectores callejeros, odiados por vendedores y compradores debido al abuso que hacen de su autoridad y lo fácil que se dejan sobornar.
Según Granma, “un inspector bastó para bajar del cielo los precios del tomate y el ajo en una esquina de la sexta urbe más poblada de Cuba —Guantánamo—, y, de paso, dejar satisfechas a unas cuantas familias”.
A esto agrega que más de 4740 acciones de control y 4628 contravenciones han sido aplicadas en predios guantanameros y villaclareños en los días iniciales del actual mes, la mayoría por violaciones de precios y engaño al consumidor.
Las declaraciones ofrecidas por funcionarios de las dos provincias dan cuenta del retiro de sus licencias a 87 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia, decenas de decomisos y más de 110 administrativos separados de sus cargos, por tener responsabilidad en los hechos.
En Guantánamo están en curso otras 401 medidas disciplinarias a infractores en 463 establecimientos estatales de Comercio y Gastronomía, sector que, en el caso de Villa Clara, incurre, sobre todo, en ocultamiento de mercancías, actos de favoritismos y empleo de instrumentos de medición no aptos para el expendio, detalló Irait Trujillo, director de supervisión de precios en Guantánamo.
“Además del abuso en la venta de productos del agro, también lo hay en otros servicios, como el de transporte privado: en todos vamos a poner las cosas en su lugar. Nuestro personal sabe persuadir, pero no le tiemblan las manos cuando hace falta severidad”, agregó este funcionario.
Las provincias orientales son las más pobres de Cuba. No por gusto abundan las denuncias y noticias, en redes sociales y medios independientes, sobre el hambre y las necesidades que se viven en esa zona apartada de la geografía nacional.
Allí, la Policía y los funcionarios del régimen castrista violan impunemente las leyes y maltratan a la población sin, ni siquiera, los mínimos escrúpulos a que se atienen en la capital, La Habana, donde pueden ser vistos por la prensa independiente y extranjera.
“Lo estoy cogiendo demasiado caro”, respondió el revendedor cuando el periodista de la televisión local le preguntó por qué vendía las cabezas de ajo a 8 pesos, cuando el precio máximo establecido por el gobierno es de cuatro.
El periodista insinuó que podrían multarlo. “¿Qué piensa hacer a partir de ahora?”, le pregunta al revendedor, y este le contesta: “no voy a vender más en la calle”.
Los agros están vacíos, sobre todo en las ciudades, y los pequeños vendedores no tienen con qué abastecer a la población. Muchos están al borde de la ruina y otros se despeñarán por ese barranco en breve.
En las calles de Cuba hay enormes colas para comprar cualquier suministro básico, hay represión pura y dura, persecución de periodistas, pero en la televisión nacional los dirigentes pintan como muestra de respeto al pueblo, su preocupación por el precio de pizzas criollas, hamburguesas y panes con salchicha.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, compareció en la Mesa Redonda, durante la noche de este lunes, y reconoció que el alza de precios generó “insatisfacciones”.
