Hasta el pasado 25 de mayo campesinos cubanos han realizado 37 mil solicitudes de tierras estatales ociosas en usufructo.
De esta cifra se han aprobado más de 22 mil, ha sido denegada una cifra superior a las mil y se han archivado de forma definitiva más de 1200 por diferentes causas, según informó el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, en una videoconferencia que sostuvieron el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y los gobernadores de todas las provincias.
En el análisis sobre el comportamiento de la campaña de primavera y temas relacionados con el “autoabastecimiento” municipal, Rodríguez Rollero, apuntó que de las solicitudes por tierras ociosas, “se encuentran en trámites 12 mil 070 solicitudes, siendo las provincias de mayor incidencia Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba."
El titular del Ministro de la Agricultura, mencionó que “tiene el propósito de estimular la siembra de cultivos de diferentes ciclos, el autoabastecimiento local, el máximo aprovechamiento de las tierras estatales ociosas en usufructo, el fomento de organopónicos y huertos intensivos, así como el amplio sistema existente en el país de agricultura urbana, suburbana y familiar”, reportó el periódico oficialista Trabajadores.
El discurso de Rodríguez Rollero, es el mismo que sostiene el régimen hace décadas mientras se acentúa la escasez de alimentos en la isla, la burocracia alrededor todo lo vinculado con la agricultura, así como los decomisos a los campesinos y productores.
Otros problemas son la falta de materias primas, insecticidas y medios de transporte para las actividades agropecuarias. Mientras, el estado sostiene la postura totalitaria y vertical, que impide la verdadera autogestión de la ciudadanía.
Integrantes de la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Capítulo Cuba, en una carta dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel ofrecieron una propuesta campesina urgente para evitar una hambruna a corto plazo en el país.
“Ahora queremos que se aprueben nuestras demandas para la pronta solución de la crisis alimentaria que se nos avecina en medio de la pandemia del coronavirus. Acordemos juntos las medidas que aseguren la alimentación y el bienestar del pueblo cubano. El pueblo jamás perdonará a los que evadan la responsabilidad cívica y moral que demanda esta crisis. ¡Evitemos una hambruna! ¡Levanten el bloqueo interno a la libre producción agrícola!”, decía la misiva.
Esta semana la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acordó con Cuba la ejecución de un proyecto de 119 millones de dólares, en pos de “beneficiar” la producción agropecuaria en comunidades de la isla vulnerables al cambio climático.
Según se informó este lunes, el Fondo Verde para el Clima (FVC), aportará 38,2 millones de dólares a este plan, mientras que el gobierno cubano contribuiría con 81,7 millones en cofinanciación para el proyecto, aseguraron medios de prensa estatales.
Sin embargo, el interés oficial en el “desarrollo agrícola” que exhibe el gobierno ante organismos internacionales, no se muestra de la misma manera con los campesinos de la isla, que critican límites del régimen para sembrar o producir carne en un sistema altamente centralizado. Decomiso de cosechas, y pérdida de otras por desinterés de la industria estatal, son algunas de denuncias recientes.
