Amenazan con desalojar y encarcelar madres que ocuparon local estatal abandonado

Siete madres con diez menores de edad, son amenazadas por autoridades del régimen para que abandonen un local estatal que ocuparon desde el pasado 15 de abril
Foto tomada de CubaNet. Amenazan con desalojar y encarcelar madres que ocuparon local estatal abandonado
 

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Siete madres, responsables de diez menores de edad, son amenazadas por autoridades del régimen en el municipio habanero de Boyeros para que abandonen un local estatal que ocuparon desde el pasado 15 de abril y que según aseguran, se encontraba inhabitado hace más de 40 años.

Las ocupantes denuncian incongruencias entre la información verbal que les hacen los funcionarios castristas, y los documentos y actas de desalojo que les presentan; así como las amenazas a trabajadores y vecinos de la localidad para que no las auxilien. También advierten que han sido acosadas, recibido ofensas y han tirado piedras contra el inmueblen en donde residen con niños pequeños.

Yenisley Rondón Barban, una de estas mujeres, denunció a CubaNet: “El lunes 21, a las ocho y media de la mañana, trajeron una citación que (decía que) teníamos que presentarnos ese mismo día a las dos de la tarde. Fuimos al lugar (en la sede del) Partido (Comunista de Cuba PCC) en Boyeros, y tuvimos que esperar hasta  las tres de la tarde, que fue cuando nos vinieron atender”.

“Cuando entramos no nos presentaron (quienes eran) las personas que se encontraban allí y nos pidieron que en 72 horas teníamos que salir del local, que estábamos metidas en propiedad privada y que teníamos que salir, y que si no salíamos era de tres meses a un año presas, que nos iban a meter presas junto con los niños”, precisó.

De acuerdo a las declaraciones de la joven madre, en el encuentro con los funcionarios que las recibieron y el Intendente de Boyeros, no se les permitió que expusieran las condiciones que las condujeron a ocupar ilegalmente el inmueble (ubicado en la carretera de Murga, zona del Wajay) ni detallar el estado de vulnerabilidad en que permanecían.

Rondón Barban contó que cuando ella intentó plantear su realidad: “(…) no me dejó explicarle las cosas como son, mi situación, lo que me estaba pasando. El Intendente nos dijo que él no conocía nuestro caso que tenía que haberse entrevistado con cada una (por independiente) pero que no dio tiempo y no dejó explicar lo que estaba pasando”.

Según explicó la entrevista por el citado medio, luego de ocupar el local llegó la policía y funcionarios del Gobierno: “uno de ellos se hizo pasar por el Intendente y nos dijo que teníamos que salir de aquí que esto era una propiedad privada. Nos trató hasta en mala forma y nosotras explicándole la situación que teníamos”.

Al día siguiente regresaron los funcionarios castristas “con un supuesto certifico de propiedad privada en la mano, el cual enseñaron de lejos”, según las entrevistadas por CubaNet.

“Le pedimos que nos enseñaran la propiedad para poder verla y nos dijeron que no tenían que enseñarnos nada a nosotros. Ese día nos dijeron que vendrían a las dos de la tarde con la de Vivienda (Dirección Municipal de Vivienda) y con la Delegada, pero no vinieron”, explicó Rondón Barban.

La mujer contó además a la referida fuente, que las autoridades incluso hicieron filmar un documento a trabajadores del Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura (Gelma) -entidad asociada al Ministerio de la Agricultura- “para impedir cualquier tipo de contacto o apoyo a las ocupantes ilegales”.

 “Les advirtieron, por escrito, que el que nos diera agua o corriente (eléctrica) lo iban a botar del centro de trabajo (…)”, denunció Rondón Barban.

Esta joven madre explicó la situación en que se encontraba antes de ocupar el local estatal abandonado: “La casa de mi mamá es de madera. Yo dormía en la sala con mis dos hijos en colchonetas en el piso. Así yo no puedo vivir con mis hijos, y como este local lleva cuarenta y cinco años cerrado nosotras optamos por meternos aquí para darle un lugar, un techo a los muchachos”.

Betsy Verdecia Ramírez, otra de las ocupantes, natural de Guantánamo y madre de tres menores, también compartió cómo fue que llegó hasta allí: “Mi esposo me botó para la calle, tuve que alquilarme (pero) como ahora están los precios elevados mi salario no da para el alquiler… esa fue la situación por la que me introduje aquí”.

Señaló además, que durante estos meses en el local, varias noches han sido agredidas: “Vinieron hombres a meterse aquí, nos asustaron, nos tiraron piedras. “Sentimos mucho miedo”, contó.

La joven, trabajadora de Salud Pública y radicada en La Habana hace alrededor de nueve años, dijo a CubaNet: “el Intendente del Gobierno me dijo que mi caso era el más rápido (que era) montarme en una guagua y mandarme para mi provincia porque yo estaba aquí ilegal. Nos maltrataron de palabras, no tuvieron ni en cuenta que tenemos niños chiquitos”.

También refirió que durante este tiempo tuvieron que enfrentar un proceso judicial y por órdenes de la policía estuvieron retenidas en el inmueble durante quince días. “La compañera de menores nos detuvo aquí sin salir. Nos llevaron a juicio pero debimos esperar la respuesta aquí encerradas”.

Acerca del proceso que enfrentaron, Verdecia Ramírez denunció que inicialmente una vecina reclamó el local ante la justicia porque el terreno donde está enclavado pertenece a los límites de su propiedad, “lo que fue desestimado por la Fiscalía por carencia de pruebas, pues el espacio no se encontraba contemplado en el certifico de propiedad de la vivienda”, reportó CubaNet.

Denuncian también las ocupantes que existen marcadas contradicciones entre las explicaciones verbales que les hacen los representantes gubernamentales del régimen y los documentos legales que reciben por escrito como el acta de desalojo. Presuntamente el inmueble pertenece a una propiedad privada pero la Dirección Municipal de Planificación Física se refiere al inmueble como una Base de Transporte Gelma.

Lázara Idelín Ortiz Iznaga asegura que estas contradicciones indican que puede existir “corrupción” con el objetivo de apropiarse del inmueble y que alguien “está pagando para que se lo entreguen”.

“Hay una muchacha, que es la jefa de vivienda, que el marido de ella es cuentapropista y es uno de lo que está metido en esto porque quiere hacer aquí como un local para cuentapropistas. Yo digo que ahí hay dinero, porque hay tanta gente haciéndose los dueños, hay demasiada corrupción”, refirió.

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