Alexis Valdés sobre jueza que condena manifestantes: cualquier día aterriza en Miami

Dayris Roque fue expuesta como la responsable de condenar a varios años de prisión a 5 cubanos que participaron en las protestas del 11J en municipio Colón, de provincia Matanzas
Alexis Valdés y jueza Dayris Roque
 

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El conocido humorista y conductor de televisión Alexis Valdés dijo que la jueza Dayris Roque, funcionaria de un tribunal en la provincia cubana de Matanzas, “cualquier día aterriza en Miami”.

“Me comunican que esta persona se llama Dayris Roque García y que es jueza en Colón, Matanzas que impone condenas excesivas a los manifestantes”, expuso en sus redes sociales el popular comediante y presentador, exiliado en Estados Unidos.

Según Alexis Valdés, la funcionaria judicial “cualquier día aterriza en Miami. Así es nuestra historia”.

Roque García fue identificada y expuesta en redes sociales como la responsable de condenar a varios años de prisión a cinco cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio (11J) en el municipio de Colón.

Norges Rodríguez, director y cofundador del medio independiente YucaByte, expuso a la funcionaria en Twitter. Según el comunicador, tiene 30 años, es jueza del Tribunal Municipal de Colón y dictó sentencias de entre 5 y 8 años de cárcel a los ciudadanos Francisco Rangel Manzano, Leylandis Puentes Vargas, Tania Echevarría Menéndez, César Adriam Delgado Correa y Raúl Santana López.

Los condenados por Roque García bajo los cargos de “desórdenes públicos” y “desacato”, presuntos delitos a los que recurre el régimen en la mayoría de los casos contra participantes en las protestas, fueron víctimas de violaciones al debido proceso, tanto por parte del órgano de instrucción y la Fiscalía como del tribunal, según abogados consultados por Diario de Cuba.

Apuntaron que, al no existir delito tipificado en el Código Penal relacionado con las conductas y acciones desarrolladas el 11J, los acusados sufrían “restricciones severas y arbitrarias a la garantía de libertad que exigen artículos de la Constitución”.

Los abogados también consideraron que el tribunal encabezado por Roque García “incumplió el deber esencial de observación de la legalidad (debido proceso) y de respeto a la Constitución”. Pese a las irregularidades y violaciones, la jueza dictó sentencia contra los manifestantes.

Al exponerla, Norges Rodríguez publicó extractos de la prensa oficialista cubana en los que Roque García se dice satisfecha y orgullosa por ser jueza y pertenecer al sistema de tribunales del régimen.

“Ha sido para mí una manera de actuar, de pensar, de ver la vida, de vencer los obstáculos que impone administrar justicia en estos tiempos. Ser jueza me ha hecho crecer como profesional, me ha convertido en mejor ser humano. Existe un antes y un después de haberme investido con la toga y el honor”, aseveró Roque García en marzo de 2021.

 

Estados Unidos restringe visas de funcionarios por sentencias en Cuba 

Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado de los EEUU, anunció el pasado jueves sanciones a funcionarios cubanos por las “duras e injustas sentencias” contra manifestantes del 11J.

“Debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano a través de la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión”, dijo Blinken en un comunicado que enfureció al régimen.

Los cubanos están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.

Los fiscales Luis Enrique Corcho RosaDagmaris Jaca Seco, Mabel Palacios AtiesFrancisco Sera Planas, Liliam Fernández BerroYerandy Calzadilla Dávalos; así como los jueces Maikel Santana CabreraLourdes García GómezElizabeth Águila CamachoIleana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, entre otros, han sido denunciados por procesos judiciales arbitrarios contra los participantes en las manifestaciones, a quienes solicitan y dictan sentencias de hasta 30 años de prisión.