Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado de los EEUU, anunció este jueves nuevas sanciones a funcionarios cubanos por las “duras e injustas sentencias” contra manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021.
“Debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano a través de la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión”, dijo Blinken en un comunicado.
El Departamento implementó las sanciones de conformidad con la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Según la declaración, que no revela nombres de los sancionados, “estas ocho personas incluyen funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio”.
Blinken añadió que Washington “tomó medidas para hacer cumplir las restricciones de visa en respuesta a los intentos del gobierno cubano de negar a los cubanos su libertad y derechos a través de continuas tácticas de intimidación, encarcelamiento injusto y sentencias severas”.
El secretario de Estado denunció que cientos de manifestantes en toda la isla “permanecen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con un empeoramiento de las condiciones de salud y sin acceso a alimentos, medicinas o llamadas adecuadas a sus seres queridos”.
Según el titular de la diplomacia en la administración Biden, las restricciones de visa “refuerzan el compromiso de los Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten la afrenta del régimen a la democracia y los derechos humanos”.
“Los Estados Unidos continúan utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para presionar por la liberación de los presos políticos y para apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad y rendición de cuentas”, concluye el comunicado.
El gobierno del presidente Joe Biden aplicó sanciones en julio pasado contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una unidad militar de élite del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”, por su papel en la represión de las protestas antigubernamentales.
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El 19 de agosto la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, informó sobre nuevas sanciones contra dos generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas y el jefe de las cárceles del Ministerio del Interior, de conformidad con la Ley Global Magnitsky que se aplica a “perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción”.
Estados Unidos sancionó el 30 de noviembre a nueve funcionarios cubanos con restricciones de visado, para responder a la represión contra los organizadores de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre.
Según el Centro de Información Legal Cubalex, hasta el 3 de enero se contabilizaron 1339 arrestos por el 11J. Continúan detenidas al menos 710 personas, entre ellas 14 con 18 años de edad o menos.
La ONG Prisoners Defenders registró la existencia de 842 presos políticos en Cuba al cierre de 2021, de ellos unos 132 detenidos y procesados bajo el cargo de “sedición”. Al menos 137 prisioneros han sido sentenciados con penas de más de diez años de privación de libertad.
Los cubanos están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Los fiscales Luis Enrique Corcho Rosa, Dagmaris Jaca Seco, Mabel Palacios Aties, Francisco Sera Planas, Liliam Fernández Berro, Yerandy Calzadilla Dávalos; así como los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, entre otros, han sido denunciados por procesos judiciales arbitrarios contra los participantes en las manifestaciones, a quienes solicitan y dictan sentencias de entre uno y 30 años de prisión.
