Luis Enrique Corcho Rosa fue identificado como responsable de las peticiones fiscales contra varios cubanos acusados por la manifestación antigubernamental del 11 de julio de 2021, en la ciudad de Caibarién, provincia Villa Clara.
Norges Rodríguez, fundador del medio independiente YucaByte, expuso al fiscal en Twitter y afirmó que “tiene 55 años, vive en el municipio Caibarién, provincia Villa Clara (Cuba). (…) es el fiscal que pidió condenas de entre 4 y 8 años para 5 personas que protestaron el #11JCuba en Caibarién”.
Cinco personas en Caibarién fueron sentenciados por el 11J, sin tomar en cuenta las declaraciones de los testigos que presentó la defensa, informó la activista Saily González.
Magdiel Rodríguez recibió una sentencia de 4 años y 6 meses de cárcel; Javier Delgado Torna y José Rodríguez, de 3 años y 6 meses; Carlos Michael Morales, de 2 años y 10 meses, mientras que Isel Fumero fue condenado a 2 años y 6 meses.
El juez tomó en cuenta únicamente el testimonio de los testigos presentados por la Fiscalía, aunque las penas fueron ligeramente menores a las solicitadas por el fiscal, agregó González.
ADN Cuba pudo confirmar que Luis Enrique Corcho Rosa firmó la petición fiscal contra los procesados por el 11J en el municipio costero.
El fiscal Corcho mantiene bajo perfil en medios de comunicación y redes sociales. Un post publicado en Facebook por el reportero oficialista Máximo Luz, lo ubica el 31 de octubre de 2021 recibiendo un “reconocimiento” de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Caibarién, por ser uno de “los delegados con 10 años o más en el cumplimiento de sus deberes”.
Corcho Rosa también fue juez del Tribunal Municipal de Remedios, poblado a pocos kilómetros de Caibarién. Un archivo de la Universidad Autónoma de México (UNAM), refiere que participó junto a otros juristas cubanos en un “Seminario sobre elecciones y derechos humanos”, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Fiscales que condenan por protestar en Cuba
Los cubanos están utilizando las redes sociales para identificar y difundir información sobre represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial que contribuyen a las duras condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Este jueves trascendió que Dagmaris Jaca Seco es la fiscal del municipio San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa, que firmó peticiones fiscales de entre 6 y 15 años de cárcel para 17 manifestantes en ese poblado, donde comenzó el levantamiento popular.
Jaca Seco lleva 28 años trabajando en la Fiscalía. “Me satisface dar continuidad a la obra de la Revolución como jurista y como fiscal”, declaró el año pasado a Radio Ariguanabo.
El martes se identificó a Mabel Palacios Aties como la fiscal que pide condenas de entre 15 y 27 años de cárcel para cubanos que participaron en las protestas, algunos de ellos detenidos siendo menores de edad.
Una investigación de ADN Cuba encontró que Palacios Aties es natural de Santiago de Cuba y estudió en la Universidad de Oriente. El 16 de octubre publicó un post en Facebook donde recordó a su “invicto Comandante en Jefe [Fidel Castro]”, para celebrar el acto de toma de posesión de nuevos fiscales en la Fiscalía Provincial de La Habana.
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Palacios dijo que participó en la reunión “en firme reafirmación de nuestras leyes y de la Revolución”. Para esa fecha ya habían iniciado en los tribunales municipales y provinciales los juicios contra los particpantes en las protestas del 11J.
Según el Expediente de Fase Preparatoria 145-C/2021 del Órgano Especializado de Investigación Criminal del Delito, consultado por Diario de Cuba, la fiscal Palacios pidió de 15 a 27 años de privación de libertad por “sedición” para 22 acusados.
Además, los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, mantuvieron “la prisión provisional para todos los acusados dada la presunta participación, posibilidades de evadir el proceso penal incoado y la lesividad social de los hechos imputados”.
El lunes se identificó al fiscal de Holguín Francisco Sera Planas, quien ha solicitado hasta 30 años de cárcel para los manifestantes en esa provincia, entre ellos adolescentes y personas con padecimientos mentales.
Según el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, en noviembre la Fiscalía Provincial de Holguín pidió 18 años de cárcel para Samuel Torres Durán y 15 para Ayan Idalberto Jover, Ernesto Abelardo Martínez y Keyla Roxana Mulet, todos de 17 años de edad. William Manuel Leyva Pupo, de 20 años de edad, y para quién piden 18 años de prisión, padece trastornos psiquiátricos, señaló Justicia 11J. Leyva ha sido golpeado y torturado en la cárcel.
En La Habana, la fiscal provincial Liliam Fernández Berro, firmó la petición de 18 años de cárcel por la presunta comisión de “sedición” y “hurto” para Brandon David Becerra, detenido cuando tenía 17 años de edad, por participar en las protestas.
En noviembre de 2021, trascendió que el fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, firmante de peticiones de hasta 25 años contra participantes en las protestas en ese territorio, eliminó sus redes sociales para no ser identificado.
El Centro de Información Legal Cubalex, denunció la responsabilidad de Calzadilla Dávalos e indicó que reside en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque.
“Cubalex lo expone como parte de nuestro compromiso de visibilizar a los represores. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a denunciar”, pidió en redes sociales la ONG.
“Los fiscales en Cuba son esbirros con toga. Una futura política de la memoria tendrá que tratarlos como tales y hacerles sentir el rigor de la justicia”, opinó en Twitter el reconocido historiador y ensayista Abel Sierra Madero. “Después no vengan con el cuento de que solo estaban 'recibiendo órdenes'”, advirtió el intelectual.
La activista Saily González, al compartir las noticias sobre los juristas, afirmó en Facebook que “no habrá impunidad para los que reprimen a nuestros cubanos más valientes. No habrá impunidad para ningún represor”.
Según la emprendedora y exintegrante de la plataforma cívica Archipiélago, estos fiscales y jueces “son cómplices de la dictadura y para ellos no creo que haya avión [de fuga]. Aquel que hoy no se posicione en el lado correcto de la historia no saldrá ileso en la Cuba que ya casi llega. Ninguna dictadura ha durado 62 mil milenios”.
