El activista cubano Lidier Hernández Sotolongo antepuso hoy una demanda contra autoridades cubanas por su injusta detención en la isla, alejado de sus familiares en Uruguay.
“Presentada la demanda por daños y perjuicios en Tribunal Provincial de Cienfuegos. Me siguen privando de mi libertad de regresar a Uruguay con mi esposa y aún nadie del oficialismo se pronuncia sobre mi caso”, declaró Hernández en su cuenta en Facebook.
También agregó una foto del recibo que le envió el tribunal de Cienfuegos como constancia de que están procesando su demanda.
A Lidier le impidieron salir de la isla recientemente, cuando intentaba regresar a Uruguay luego de un viaje de vacaciones a Cuba.
En un mensaje enviado a ADN Cuba, compañeros de Lidier detallaron que este “se encontraba en Cuba y a su salida le han denegado el derecho a salir del país”. “Lidier vive con la familia en Uruguay y ha participado activamente en las acciones que se han llevado a cabo para evidenciar al régimen de la isla”.
Su regulación migratoria evidencia que al régimen le importa poco la legislación internacional y la condición de residente o ciudadano de otro país que pueda tener algún cubano. Que alguien le resulte incómodo es motivo suficiente para retenerlo y violentar sus derechos y libertades, sin importar, en este caso, cómo queda la familia en otro país.
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Lidier fue protagonista en el enfrentamiento con militantes del Partido Comunista del Uruguay frente a la embajada cubana en Montevideo, el pasado sábado 11 de enero.
En un video en directo colgado en sus redes sociales, Hernández Sotolongo contó los pormenores de su reunión en Inmigración (en Cienfuegos) con un oficial de la Seguridad del Estado, que le confirmó que la prohibición es un castigo por sus protestas frente a la embajada de Cuba en Uruguay.
“Están buscando que cometa un delito acá para poder procesarme”, aseguró. “Esto va a traer consecuencias. Me ha tocado ser ejemplo de las cosas que he denunciado y que mi familia no creía, mis amigos no creían”.
La libre circulación de personas está consagrada tanto por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como por el 52 de la Constitución cubana.
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Aunque en ambos casos, y en todos los Estados, es un derecho sometido a regulaciones, el gobierno cubano la aplica como medida represiva, limitando el margen de maniobra legal de los afectados.
La legislación cubana contempla varios supuestos apara impedir los viajes: estar sujeto a un proceso penal, tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, estar cumpliendo el Servicio Militar o ser considerado "una fuerza de trabajo calificada para el desarrollo social y científico técnico del país".
Sin embargo, las autoridades suelen aprovechar la discrecionalidad de otro supuesto legal, que reza: "de interés público o de Defensa y Seguridad Nacional", sin mayores precisiones.
