Al menos ocho personas están detenidas en Cuba por apoyar la frustrada Marcha Cívica por el Cambio del pasado 15 de noviembre, confirmó esta semana la activista Salomé García Bacallao.
Según la integrante de Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, “al menos 8 personas siguen detenidas por responder a la convocatoria del 15N, 4 condenados a prisión en juicios sumarios”.
Los sentenciados, precisó García Bacallao en Facebook, son Fernando Vázquez Guerra (1 año y 6 meses), Humberto Bello Lafita (1 año), José Hernández López (1 año) y Yosvany Daniel Ríos Cervantes (10 meses), este último por llenar de carteles la fachada de su casa en Cárdenas (provincia de Matanzas).
Agregó que José Eduardo Jardines Rodríguez y el profesor Pedro Albert Sánchez, quienes también fueron arrestados tras las manifestaciones del 11 y 12 de julio pasado, están pendientes a juicio.
Al activista Roilán Zarraga, de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), le fue revocada su libertad por una condena previa. “De Yudimar Barallobre Columbie no tenemos actualización”, precisó García Bacallo.
La también artista y editora alertó que “Pedro Albert Sánchez es un paciente oncológico de 65 años y lleva 4 meses preso. Estuvo varios días plantado” en huelga de hambre y sed. “Ya en julio de 2021 estuvo 17 días detenido”, agregó Salomé García Bacallao.
Lea también
Al menos 80 actos represivos llevaron a cabo las autoridades del régimen cubano contra posibles participantes en la Marcha Cívica por el Cambio, denunció la Comisión de Apoyo a la plataforma opositora Archipiélago, en un informe de finales de noviembre.
Las acciones para frustrar la convocatoria pacífica de Archipiélago ocurrieron entre el 14 y el 20 de noviembre. Eric Brito, integrante de la Comisión de Apoyo, dijo a Radio Televisión Martí que el número real podría ser mayor, porque las familias fueron sometidas a interrogatorios y otras presiones de la policía política para que no denuncien.
“Sucedieron situaciones de interrogatorios ilegales como método de coacción a las personas que habían manifestado su intención de marchar el día 15 de noviembre y una serie de amenazas hacia los familiares de personas detenidas”, dijo Brito.
En el informe exponen la “militarización” de las principales provincias del país, donde se había notificado a las autoridades la intención de realizar las marchas pacíficas, como La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
Unos 932 presos políticos se mantienen en cárceles cubanas, de los cuales más de 700 son manifestantes del 11 y 12 de julio pasado, según reveló el 7 de febrero Prisoners Defenders. La ONG informó que entre los presos del 11J se encuentran 32 menores de edad, la mitad de ellos acusados por el delito de “sedición”.
