La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó este miércoles 18 de agosto “preocupación” por nuevas disposiciones legales del régimen de Cuba, que amplían la censura en internet.
La entidad “manifiesta su preocupación frente a las nuevas regulaciones recientemente aprobadas por el gobierno en materia de telecomunicaciones y ciberseguridad, que contendrían disposiciones contrarias a estándares interamericanos sobre libertad de expresión en internet”.
En su cuenta oficial de Twitter, la Relatoría de la CIDH señaló que “el Decreto-Ley No. 35 incluye entre los deberes de las y los usuarios el de impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país, o transmitir información y noticias falsas”.
“Asimismo, la Resolución 105 tipifica nuevos 'incidentes de ciberseguridad' como el ciberterrorismo, entendido como aquellas acciones cuyo fin es subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas”.
La Relatoría “recuerda que las regulaciones de internet deben proteger su naturaleza abierta, plural y descentralizada, y promover la búsqueda y difusión de informaciones e ideas de toda índole, no solo de aquellas que obedezcan al interés nacional”.
Además, la institución añade que, “conforme a las recomendaciones realizadas en el informe especial sobre libertad de expresión en Cuba, esta Oficina reitera al Estado su deber de adecuar su normativa de conformidad con los principios y normas internacionales de derechos humanos”.
Régimen busca criminalizar las denuncias en redes sociales
A pocos días de cumplirse un mes del estallido social del 11 de julio, el gobierno cubano anunció nuevas normativas para censurar legalmente el internet en la Isla. Se trata del Decreto-Ley No.35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”.
De acuerdo con Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicación (Mincom), “por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico”.
La nota oficial explica que a partir de ahora serán tipificados como delitos hechos como “el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”.
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También incluyen el llamado 'ciberterrorismo', como un concepto por el cual procesar a quienes disientan del régimen comunista de La Habana.
“Se reconoce el ciberterrorismo como aquellas acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”, agregan.
Organizaciones de DDHH denuncian censura de internet en Cuba
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), entidad de referencia en materia de derechos humanos en el mundo, expuso en Twitter que “el régimen cubano restringe aún más el internet: Hoy publicó varias normas que permiten interrumpir el internet cuando se publique información que el gobierno considere 'falsa'”.
El abogado chileno criticó que “tratan la divulgación de noticias que dañen el 'prestigio del país' como casos de ciberseguridad”.
Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, la legislación “busca coartar aún más la libertad de expresión y acceso a [la] información”.
“La ley formaliza la represión digital, castigando el uso de redes sociales, bajo vagas categorías de incidentes de ciberseguridad”, agregó la abogada y activista por los derechos humanos.
