La Embajada Cívica Cubana, iniciativa independiente que busca mostrar la verdad de Cuba al mundo ejerciendo la autoridad cívica y el derecho natural a la expresión y asociación por intereses en común, denunció la represión de la que están siendo objeto sus miembros radicados en la isla.
Mediante una misiva dirigida “al régimen dictatorial de Cuba, Departamento de la Seguridad del Estado, y demás entidades hacedoras de acciones represoras en contra de la sociedad civil cubana”, la organización también exigió el cese de todas las acciones represivas, entre las que se incluyen detenciones, arrestos, amenazas, vigilancia y cercos domiciliarios.
Según expone el documento, al que ADN Cuba tuvo acceso, en los últimos días, algunos embajadores en la isla han sido atacados y reprimidos por el régimen.
“Es el caso de Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta Cortellán en Camagüey, quienes sufren a diario vigilancia, llamadas de un tal Arístides que amenaza a las hijas de Marisol. Han sufrido vandalismo en su casa estando su hija menor de seis años dentro, amenazas en las redes, multas injustificadas y, por supuesto, detenciones y encarcelamiento en otras ocasiones”, detalló la Embajada en la carta pública.
Asimismo, Eloy Colunga, padre de una niña y residente en Santiago de Cuba, tiene vigilancia diaria de represores de la Seguridad del Estado en su calle y sufre amenazas directas, mientras que Dairis González Ravelo, en Ciego de Ávila, es vigilada las 24 horas, amenazada, detenida y recientemente aislada en un centro de aislamiento por COVID-19.
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La Embajada enfatizó que el caso más grave es el de Ramon Pérez Conde, quien está actualmente encarcelado en la prisión del Combinado del Este sin haber pasado por ningún proceso legal.
“Incomunicado y sin derecho a cualquier ayuda legal imparcial, puesto que es conocido que el sistema legal en Cuba responde al régimen, Ramón Pérez, conocido por Moncho, sufrió varias detenciones anteriores y amenazas directas de parte del coronel Camilo por ejercer su derecho de expresión y reunión, y se le impuso una multa de 2000 pesos con la falsa justificación de propagación de epidemias, sin prueba alguna”, comentó al respecto.
Por todas estas acciones, la Embajada advirtió que responsabiliza al régimen de lo que le suceda a cualquiera de sus embajadores cívicos que viven en Cuba y a sus familiares como consecuencia de alguna acción represiva.
De igual forma, anticipó que su denuncia “no se quedará en una carta”, sino que “será llevada a todos los rincones posibles, a las más altas esferas, y será conocida por todo el que tenga acceso a radio, televisión, internet, prensa y redes”.
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“Exigimos la liberación inmediata de nuestro embajador y el cese inmediato de las acciones represivas hacia nuestros embajadores y toda la sociedad civil cubana. De lo contrario, que no les quepa la menor duda de que vamos a tomar acciones no violentas, pero si más contundentes con respecto a los responsables directos de todo lo antes denunciado”, concluye la misiva.
La Embajada Cívica Cubana se basa en el voluntariado cívico y se autofinancia con sus propios promotores, según explica en su web. Por principio no pretende ni acepta recibir ayuda de ningún gobierno o institución política internacional ni local.
