Documentos desclasificados por la administración Biden insuflan esperanzas en el régimen cubano de que, al fin, Estados Unidos negocie un cambio de política que daría otra oportunidad a su mortecina economía.
La víspera, medios internacionales conocieron que Washington desclasificó documentos sobre el manejo que hizo la administración Trump de los famosos “ataques acústicos”, que afectaron a diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Los sucesos fueron utilizados por el gobierno republicano para justificar más sanciones contra la isla comunista que, a juicio de funcionarios del castrismo, ahora no se sostienen y deben ser revisados.
“Cada día se confirma más que no hubo ataque contra personal diplomático en La Habana”, dijo el jueves en declaraciones exclusivas a The Associated Press Johana Tablada, subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería.
“Si no hubo ataque no se debió cerrar el consulado de Estados Unidos en La Habana, no se debió impedir a las familias cubanas a que asistieran a seres querido en La Florida y viceversa, no se debieron afectar los acuerdos bilaterales”, agregó la funcionaria.
Un reporte del Departamento de Estado, desclasificado a petición de la ONG Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indicó que el cierre de operaciones de la sede estadounidense en 2018 se basó en premisas falsas como que hubo un ataque y se manejó con secretismos.
El documento indicó que el Departamento de Estado desconocía el motivo de los incidentes, cuándo éstos comenzaron realmente o quién los hizo, una historia completamente diferente a la difundida por la administración Trump y según la cual La Habana atacó a los diplomáticos con un arma desconocida.
El impacto y la publicidad de los supuestos atentados fue el argumento para recortar el 60% del personal de la sede diplomática en la isla. Mientras se expulsó a representantes cubanos ante Washington, se cerraron servicios consulares, se emitieron alertas de viajes, se cancelaron visitas educativas y se paralizó el diálogo bilateral, iniciado por la administración del expresidente Barack Obama.
“La situación dentro de Cuba es crítica, como saben todos, por esta razón, el gobierno cubano está buscando cómo agradar al estadounidense y lo seguirá haciendo”, aseguró al respecto, en entrevista con ADN Cuba el reconocido abogado cubanoamericano Willy Allen.
“Biden no es Obama”, advierte Allen sobre la posibilidad de que el presidente demócrata caiga en el mismo juego de acercarse cándidamente al gobierno de La Habana. “Biden tiene 47 años de experiencia lidiando con asuntos internacionales y tendrá a dos cabezas muy influyentes cerca que no tienen ninguna simpatía por el régimen cubano y saben cómo llevar estos temas”.
Allen se refiere al senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, a quien califica de “amigo íntimo” del presidente electo, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de ascendencia latina, pero cuyos ascendientes judíos sufrieron persecución en la Europa comunista.
Menéndez es un senador “sumamente poderoso” en el Partido Demócrata, que tiene la mayoría en la cámara alta, mientras que Mayorkas es una figura influyente en el diseño de la política exterior hacia Cuba. Para Allen, sus trayectorias y preferencias señalan que Biden será mucho más precavido hacia Cuba de lo que fue Obama.
La administración Trump colocó a Cuba en la lista de países patrocinadores. La designación somete a la isla comunista a sanciones que penalizan a personas y países que realizan comercio con ella, restringe la ayuda exterior de Estados Unidos, prohíbe las exportaciones y ventas de defensa e impone ciertos controles a las exportaciones de artículos de doble uso.
Esta sanción se suma a otras, como empresas y altos jefes cubanos que tienen prohibido comerciar con EEUU y sus filiales en el exterior y la reducción de las remesas. Western Union, empresa encargada de enviarlas, dejó de operar en Cuba luego de que FINCIMEX, su par en la isla controlada por militares, fuera sancionada por Washington.
