Las medidas de control del régimen cubano para intentar frenar el actual rebrote de COVID-19 en la isla ya comenzaron a trascender lo sanitario para insertarse también en lo político y muestra de ello es la reciente destitución de Guillermo Mora García, quien se desempeñaba como director provincial de Salud Pública en Santiago de Cuba.
Según informa Diario de Cuba, el funcionario fue apartado del cargo sin que mediaran explicaciones y el régimen designó para sustituirlo a la que hasta ese entonces detentaba la jefatura de Atención Médica Provincial, María Eugenia García Céspedes.
Una breve nota publicada el pasado sábado por el diario Sierra Maestra dio cuenta de la sustitución en el cargo y en esa misma edición se comentó la necesidad de eliminar las fallas e irregularidades en el control de focos, los resultados de los PCR y los protocolos sanitarios. Ello, para revertir el repunte de la enfermedad pandémica en el territorio, donde en 12 días se registraron 1 600 nuevos contagios de COVID-19 y bajo sospechas de que las cifras reales pudieran ser aún más altas.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, el periodista santiaguero Jorge Amado Robert Vera dijo que se comenta que Mora García fue removido debido a la compleja situación en la provincia, donde no hubo una política eficaz para encarar la crisis.
Hubo un pésimo manejo, pero eso trasciende al gobierno nacional, comentó el periodista.
Por su parte, Diario de Cuba reportó que la crisis en el área de la salud no se limita al violento rebrote del coronavirus en Santiago de Cuba, sino que se extiende a otras esferas e irregularidades, como procesos infecciosos por malas condiciones higiénicas en las dependencias del Hospital Materno Tamara Bunke.
En dicha instalación fallecieron siete niños y dos madres a causa de una infección bacteriana contraída en los salones de parto, lo que conllevó a que las autoridades decidieran pasar todas las consultas del Tamara Bunke al Hospital Juan Bruno Zayas.
Asimismo, una empleada de la Dirección Provincial sin identificar dijo a Diario de Cuba que en “la sustitución (de Mora García) también influyó la transmisión del dengue y la situación creada en el Laboratorio Farmacéutico Oriente”.
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La pasada semana ADN Cuba se hizo eco de cómo varios residentes en Santiago de Cuba cuestionaban la veracidad de los datos que ofrecen las autoridades sanitarias del país sobre la propagación de la COVID-19 en esa oriental provincia, a partir de la “pérdida” de varios resultados de exámenes PCR y la larga espera que tenían que afrontar para la obtención de los mismos.
También fue cuestionado por qué algunos fallecidos en ese territorio no aparecían reflejados en el parte diario del Ministerio de Salud Pública, a lo que el doctor Ricardo Manet Lahera, director de Higiene y Epidemiología en la provincia, dijo que "hay muchos que ingresan a nuestras instituciones hospitalarias con diagnósticos confirmatorios de COVID-19, que pueden negativizar en el transcurso de su ingreso y fallecen por complicaciones asociadas a éste, pero no específicas para el coronavirus".
Manet Lahera mencionó como ejemplo que "una persona está infectada, tiene un PCR positivo e ingresa a una institución de salud. Allí recibe un tratamiento y se le realizan PCR evolutivos y son negativos. La persona es negativa ya al COVID, pero tiene complicaciones relacionadas con sus patologías de base, como hipertensión, diabetes, y puede fallecer por una complicación asociada a ellas y no precisamente por el COVID".
Sin embargo, una guía de la OMS de abril de 2020 explica que "una muerte por COVID-19 se define para fines de vigilancia como una muerte resultante de una enfermedad clínicamente compatible, en un caso COVID-19 probable o confirmado, a menos que exista una causa alternativa de muerte que no pueda estar relacionada con la enfermedad COVID (por ejemplo, trauma)”.
“No debe haber un período de recuperación completa de COVID-19 entre la enfermedad y la muerte", agrega el documento de la OMS, a la vez que precisa que “una muerte por COVID-19 no puede atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer) y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospechan que desencadenan un curso grave de COVID-19".
Posteriormente, en junio, la organización recomendó reconocer como muerte por COVID-19 tanto los casos confirmados como los sospechosos. El organismo indica que "la COVID-19 debe registrarse en el certificado médico de fallecimiento como causa de muerte en todas aquellas personas que han perdido la vida como consecuencia de la enfermedad, o que se tiene una sospecha certera de que la infección contribuyó a su muerte".
