El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos analizó este miércoles la exclusión de mujeres cubanas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
En un panel de expertas cuyas exposiciones y análisis fueron transmitidos a través de las redes sociales, la organización no gubernamental partió de un reciente informe de la periodista independiente y activista cubana María Matienzo para examinar el posicionamiento de Cuba ante la Agenda 2030, específicamente en lo referido al cumplimiento del ODS número cinco: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas.
Bajo el título “Cubanas fuera de la Agenda 2030”, el informe, realizado por Matienzo con el auspicio de la ONG, se erige como una visión alternativa a la del oficialismo cubano sobre la violencia de género en la isla.
Ello, a 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la adopción del plan contenido en la Declaración y Plataforma de Acción Beijing y a cinco años de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS.
Pese a ser parte de lo contenido en esas declaraciones e instrumentos, el Estado cubano, sostuvo Matienzo en su informe, no se ha planteado un plan de acciones que incluya el ODS 5 ni la Conferencia de Beijing +25.
“La visibilización del aumento de la violencia por parte de la sociedad civil independiente y el incremento de la represión, violando los derechos de las mujeres cuando se pronuncian mediante el discurso de género, son una muestra de ello”, explicó, al tiempo que subrayó que, lamentablemente, en Cuba el feminismo es visto por el régimen dictatorial como “contrarrevolución”.
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A lo largo del panel del Instituto los participantes celebraron la claridad de Matienzo para exponer una temática tan compleja, invisibilizada en los medios comunicativos del gobierno cubano, para los cuales la Revolución cubana logró desde hace mucho la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Las historias de vida compartidas por la periodista en su análisis evocan la necesidad de una Ley Integral contra la violencia de género en Cuba, un reclamo de muchas feministas que es desoído hasta el momento por el régimen.
“Con miras a la agenda 2030 el Estado cubano debería haber implementado políticas públicas inclusivas en función de beneficiar a las mujeres y las niñas en peligro de muerte. Por ejemplo, mediante la construcción o la habilitación de refugios para salvaguardar esas vidas”.
“Pese a que ello es uno de los reclamos de los feminismos en Cuba que han exigido una ley integral contra la violencia, el Estado, contrario al compromiso que ha contraído frente al mundo, ha pospuesto el análisis de este tipo de ley para 2028, mientras las denuncias de mujeres asesinadas van en aumento”, expuso Matienzo.
Asimismo, subrayó que el Estado únicamente acepta la participación política y el ejercicio de poder en las mujeres que están vinculadas a su ideología.
Las recomendaciones del informe fueron retomadas por las y los participantes del panel. Entre estas destacan la sugerencia a la organización femenina oficialista, la FMC, de que comprenda la necesidad de apoyar a las mujeres activistas en la lucha que todas las mujeres deberían tener en común: la lucha contra el patriarcado.
En vez de eso, la FMC, al igual que todo el oficialismo cubano, descalifica a las feministas y a las iniciativas surgidas de la sociedad civil independiente, sin comprender que la lucha de las activistas es por la vida.
Otra recomendación importante, que data ya de años, es que el Estado cubano reconozca y tipifique el feminicidio dentro de su andamiaje legal y penal.
