Uno de los principales conflictos que está trayendo el ordenamiento monetario y cambiario en Cuba iniciado este año, en un contexto de escasez e inflación, es el control de precios que el régimen insiste en tener sobre el sector privado bajo el argumento de proteger al pueblo de “abusos”.
Varios Consejos de Administración de gobiernos municipales y provinciales han establecido por decreto los montos máximos que los cuentapropistas pueden demandar por sus productos y servicios, sin contemplar cuán difícil resulta a los emprendedores mantenerse a flote en un país sin libertad económica que, además, no les garantiza un mercado mayorista ni les da facilidades para su subsistencia.
Uno de esos Consejos es el de la capital provincial de Holguín, que en una reunión efectuada el pasado 30 de diciembre aprobó su “listado oficial de precios minoristas máximos de los productos alimenticios más demandados por la población, comercializados por trabajadores por cuenta propia y los servicios”.
Según dicho listado, nadie podrá vender un granizado por encima de los seis pesos cubanos, un jugo en más de cuatro o un licuado de frutas en más de cinco. El precio de un pan con jamón y queso no podrá exceder los 15 pesos, como tampoco podrá hacerlo el de uno con cerdo asado, especie cuasi desaparecida todo el 2020, fin de año incluido.
Y así, la lista contempla otro cúmulo de panes con agregos y bebidas que suelen vender las cafeterías y establecimientos gastronómicos de particulares, pero nada señala en torno a qué pasa o puede pasar, en el contexto de la inflación a la que están conllevando el ordenamiento y la escasez en Cuba, con los precios de los productos base o las materias primas que los cuentapropistas requieren comprar para desarrollar su actividad.
Quienes aprueban estos listados como parte del afán gubernamental por controlarlo todo, supuestamente en beneficio popular, tampoco cuestionan o analizan el alza de los precios que entidades estatales y gubernamentales han decidido para sus servicios.
Ello no ha pasado desapercibido para muchos cubanos, que han observado cómo el propio Gobierno es quien lleva la voz cantante en la subida de precios e incremento del costo de la vida. Prueba de ello: las nuevas tarifas de servicios básicos como agua, luz y gas, y los precios de trámites legales.
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Para el cubano Rayner Palacios Elers, listas como la de Holguín son apenas un intento del Gobierno para regular los precios de productos que se venden en la calle por los cuentapropistas, sin que se resuelva con ellas todo lo que está pasando en el país a un ritmo vertiginoso.
“¿Quién regula el precio del gobierno? El helado subió siete veces su valor. Lo que costaba 4.80 (Gran Piedra) hoy vale 34. ¿Y entonces? ¿Esto es como los policías que meten multas por el nasobuco y andan con el nasobuco en la Barbilla? Haz lo que digo y no lo que hago”, cuestionó en Facebook Elers, residente en la referida provincia oriental.
Su pregunta conlleva una respuesta que ansían muchos, pero que el régimen, en sus distintos niveles de administración, se abstiene de dar de manera convincente y lógica, más allá de ligeras rebajas a algunas de las abusivas tarifas que pretendía cobrar como parte del supuesto “ordenamiento”.
