Hasta 15 mil pesos de multa impusieron los representantes del régimen en el municipio de Amancio, provincia de Las Tunas, por supuestas “violaciones de precios”.
Funcionarios de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en ese municipio aseguraron que con sus acciones punitivas emprenden un “mayor enfrentamiento a las ilegalidades, tanto en unidades estatales como en las actividades del trabajo por cuenta propia”.
Isabel Conesa Estrada, jefa de esa entidad, explicó que el “grupo de enfrentamiento” encargado de vigilar e impartir las sanciones económicas, es protagonista en la implementación de la llamada “Tarea ordenamiento”. Desde el 1 de enero y en medio de la reforma monetaria, el régimen elevó drásticamente la cuantía de las multas, reconoció la funcionaria en declaraciones a un medio oficialista local.
“En el caso específico del Decreto #30, se impusieron 16 multas con cuantías que oscilan entre 5 mil y 15 mil pesos, además de una medida administrativa”, declaró a Periódico 26, del Partido Comunista en Las Tunas.
Esa disposición legal, establece las altas sumas contra ciudadanos “por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas”, impuesta al sector privado, mientras el régimen sube el costo de todos sus productos impunemente.
En cuanto al Decreto 31, sobre las medidas sanitarias para el enfrentamiento a la COVID-19, Conesa Estrada dijo que “se aplicaron 12 multas, entre 2 mil y 5 mil pesos en establecimiento estatales, trabajadores por cuenta propia y personas que violan lo legislado”.
En su mayoría habrían sido por “el no uso o uso incorrecto” de la mascarilla sanitaria, “violación de las medidas de higiene” y “aglomeración de personas en lugares públicos sin necesidad”.
Auge de multas injustas
Sin embargo, ciudadanos cubanos denuncian contantemente la arbitrariedad con que se imparten las multas. En Manatí, otro municipio de Las Tunas, un grupo de campesinos se plantaron ante dos policías porque pretendían multarlos por presunta “propagación de epidemias”.
“Abuso de poder en Cuba, policías reprimen sin razón a ciudadanos”, escribió el tunero Ramil Ramírez, al compartir el video en sus redes sociales.
En el pequeño audiovisual, se ve a un campesino que insiste que lo graben mientras protesta ante un oficial alto, de la motorizada, que pretende multarlo. La sanción sería por supuestamente no llevar el nasobuco (mascarilla sanitaria), una acusación falsa, según el afectado, a quien se le ve con la protección anti coronavirus.
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Los policías avanzaron amenazantes contra la persona que grabó el atropello, queriendo que dejara de filmar la escena, aunque el joven invocó su “derecho a grabar” a los funcionarios públicos.
Al campesino lo empujaron, y continuaron intentado multarlo por “nasobuco”, a lo que este se negó a dar sus datos para que le achacaran una contravención e instó a sus acompañantes a ir a la estación policial de Manatí para denunciar el abuso.
El campesino dijo en el video que la multa era “porque le da la gana” al policía de achacarle el mal uso de las mascarillas.
Durante los meses de pandemia, el régimen elevó drásticamente el monto de las multas y lanzó miles de inspectores a las calles, principalmente para sancionar por “propagación de epidemia”, o “acaparamiento” y “venta ilícita”.
Las arbitrariedades de este tipo han tenido desenlaces incluso fatales. Un joven cubano vendedor de productos agrícolas se suicidó el 29 de marzo en la provincia de Holguín, luego de ser multado con 5000 pesos y no poder pagar, denunciaron activistas.
La luchadora por los derechos humanos Teresa Miranda, denunció que en su poblado de Guaro (municipio Mayarí), Jorge Cachón Martínez “se suicidó por ahorcamiento”. El joven de 25 años de edad, con otro amigo vendía productos agrícolas de manera ambulante, en una carretilla.
“Como sabemos, esta actividad es ilegal, como todo en Cuba. El represor conocido con el nombre de Góngora, le impuso una multa de $ 5000, cuando vendía plátanos en la calle”, explicó Miranda.
Según su versión, también le decomisaron los plátanos. “Este joven se vio acorralado, en medio del hambre y la vida de perros que estamos llevando, y no vio otra salida, que la de quitarse la vida. Era huérfano de madre y padre”.
La activista denunció que “hoy las calles de Cuba, están llenas de represores”, lo mismo delatores, que policías e inspectores estatales, “siempre prestos para hacer daño”.
“Todos estos vampiros que le chupan la sangre al pueblo, solo saben acatar las órdenes de la Mafia Castrista, no hay en estos individuos, ni un ápice de sensibilidad humana. Para nada les importa el sufrimiento de este pueblo, que se muere de hambre y todo tipo de calamidad”.
