Egresados de la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin de La Habana, tradicional formadora de parte de la élite política, científica e intelectual de Cuba, se pronunciaron a favor de un cambio en la isla que conlleve al fin de la represión a todo el que disienta con el régimen, así como de las limitaciones a la libertad de expresión y las violaciones a los derechos humanos.
Mediante una carta que no precisa el número ni la identidad de los firmantes, compartida en el grupo de Facebook “Egresados de la Lenin por el cambio”, el supuesto colectivo de exalumnos de la vocacional expresa su inconformidad con el sistema político cubano, “cuyo rechazo a las voces disidentes que exigen cambios en la administración del país muestra la naturaleza totalitaria del mismo”.
Asimismo, reclama la libertad de “los artistas que pidieron audiencia en el Mincult (Ministerio de Cultura) y del Movimiento San Isidro”, acosados y reprimidos por la Seguridad del Estado y la policía desde la ocurrencia de esos acontecimientos, al tiempo que condena la irrupción de las autoridades en la sede de la agrupación de activistas bajo la justificación de violaciones del protocolo de la pandemia.
En la misiva, los firmantes condenaron también la detención de la estudiante de Comunicación Social de la Universidad de La Habana Rosanne Carmona Gener, egresada de la Lenin que fue apresada el pasado sábado violentamente “por promover una manifestación pacífica en las redes sociales”.
“Es imperativo aclarar que nuestro sentir difiere de aquellos egresados que simultáneamente acudieron a un acto político promovido por el Gobierno. Sus voces tuvieron espacio. ¿Para las nuestras no hay?”, cuestionan los egresados, para quienes resulta inadmisible que la Constitución cubana establezca límites al ejercicio de los derechos, “al plantear que estos no serán legítimos si van en contra de la existencia y fines del Partido Comunista de Cuba”.
“Esto desplaza del marco constitucional a aquellos cubanos que piensan diferente. Creemos que Cuba es de todos y por lo tanto no hay lugar para los decretos 349 y 370. Además, como integrante de la ONU, el Gobierno está obligado a cumplir lo que se postula en la Declaración de Derechos Humanos”, violada cotidianamente en Cuba en muchos de sus artículos, agregan.
La carta, que ha generado polémica en tanto muchos egresados cuestionan su legitimidad y el hecho de que no precise cuántos y quiénes la suscriben, exige además “la liberación de presos políticos y la transparencia como máxima del sistema jurídico y penitenciario”.
También “la libertad de expresión para los ciudadanos cubanos, el cese de la brutalidad policial y el reconocimiento de la oposición como ente independiente, cuyos intereses responden solamente a la prosperidad del país”.
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“Creemos que el camino hacia la Cuba que añoramos comienza con elecciones libres y pluripartidistas”, precisa el documento, donde se pide apoyo a la comunidad internacional y el pronunciamiento de instituciones cubanas de distintos sectores sociales.
“Nos identificamos con todos los cubanos que se unen a la lucha en contra de la injusticia, la corrupción, la discriminación y la tergiversación de información por parte del obsoleto Gobierno. Desde nuestra estima hacia el cumplimiento de los derechos humanos, entendemos que se ha faltado el respeto de manera inaceptable e irreconciliable a los ciudadanos cubanos”, concluye el documento, que espeta al Gobierno que educar para servir a un régimen, como ocurre en Cuba, es adoctrinamiento y no educación.
Los egresados firmantes de la carta, dándola por cierta pese a ser apócrifa y generar polémica con otros exalumnos de la Lenin, se suman así a otros muchos grupos de cubanos y organizaciones que han apoyado al Movimiento San Isidro y demandado el cese de la represión y las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Ante ese clamor popular y auténtico, el régimen ha lanzado una campaña de desprestigio y difamación contra artistas y activistas disidentes, al tiempo que arrecia sus prácticas represivas como detenciones arbitrarias y retenciones domiciliarias forzosas, y militariza áreas públicas para prevenir la ocurrencia de concentraciones o protestas.
