Muchas expectativas y temores ha generado en la sociedad cubana la “Tarea Ordenamiento”, nombre bajo el que el régimen designa el paquete de política económica que diseña para acometer el ordenamiento monetario y cambiario en el país.
Sin embargo, en medio de tanta información fragmentada, y sin conocerse aún con exactitud la tasa de cambio que se fijará, así como los plazos de las distintas medidas, una cosa queda clara tanto para los ideólogos de las reformas como para los especialistas que se han abocado a su análisis antes de la implementación: el fin de la dualidad monetaria y cambiaria en Cuba conlleva a la devaluación del peso cubano y a un proceso inflacionario que costará controlar.
En la isla existen dos monedas domésticas de curso legal (CUC y CUP) y dos tasas de cambio: la del circuito de entidades mayoristas, que equipara ambas monedas en valor (1x1), y la del circuito de personas naturales minoristas, donde el cambio se da a 25 CUP x 1 CUC.
Esta gran diferencia implica riesgos durante la implementación del ordenamiento, entre los que destacan “la devaluación del peso cubano y, con ello, un proceso inflacionario” que el régimen tratará de controlar para que no supere sus estimaciones.
Así lo afirmó Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido Comunista y jefe de la Comisión Permanente de Implementación de los Lineamientos, durante el intercambio que sostuvo con los diputados del pretendido parlamento cubano, previo al V Periodo Ordinario de Sesiones de su IX Legislatura.
Según explicó, el ordenamiento va más allá de la unificación monetaria y cambiaria. Incluye subidas de salarios, pensiones, y precios, así como la eliminación de subsidios, todo para alejar aquellas distorsiones que hoy desestimulan la eficiencia y la generación de riquezas, refiere en su habitual clave triunfalista el Granma.
El oficialismo cubano está consciente de que durante el proceso será inevitable hacer ajustes, pero pese a ello augura que no se acudirán a terapias de choques. Sin embargo, como apunta en un reciente análisis el economista cubano Pedro Monreal, con lo dicho por Murillo y otros mandamases del régimen hasta el momento “no es posible aclarar cómo se materializaría uno de los principales supuestos que han sido enunciados oficialmente: la pretensión de que se mantuviese el equilibrio macroeconómico basado en que los precios estatales tendrían aumentos ‘muy por debajo’ del crecimiento de los salarios y pensiones estatales”.
Para Monreal, el precio mensual por persona de la canasta familiar normada se incrementaría casi en un 780 por ciento, lo que reflejaría el doble proceso de incremento de precios (por el impacto de la devaluación) y de la eliminación de subsidios.
Según compartió en un hilo en Twitter, a partir de un reciente análisis suyo, con una deprimida producción nacional de alimentos y restricciones para la importación de los mismos y de medios para producirlos, un incremento de 390 por ciento de los salarios –el supuestamente contemplado en la anunciada reforma salarial- haría “una fuerte presión de demanda que es poco probable que pueda encontrar respuesta de oferta”.
“La economía es implacable con los intentos de torcer ciertas regularidades. Incremento de ingresos, más devaluación sustancial, limitada respuesta de oferta, y controles de precios suele conducir a resultado conocido: combinación de inflación reprimida y de inflación abierta”, aseveró el economista, una conclusión que invita a no ser tan optimistas con la deseada capacidad del régimen para controlar los efectos inflacionarios de sus reformas.
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En su explicación a los diputados, Murillo recordó que, para las personas en Cuba, el peso ya está devaluado y, consecuentemente, el salario ha perdido capacidad de compra. Donde no se ha devaluado es en el sistema empresarial, y eso es lo que haremos, señaló el funcionario, a la vez que subrayó que la devaluación viene acompañada de ajustes fiscales y monetarios, y favorecerá a los exportadores y a los que sustituyen importaciones.
El reto, no obstante, es lograr una devaluación real y no nominal, para que así el tipo de cambio y los precios no crezcan en la misma medida, agregó, citado por Granma.
Murillo fue enfático en los riesgos del proceso y presumiblemente estima efectos como los anticipados por Monreal. Uno de los riesgos más significativos, reiteró varias veces ante su auditorio, es que la inflación sea mayor que la diseñada, como consecuencia de la solución a la dualidad monetaria.
Asimismo, dijo, otro peligro es la percepción, por parte de la población, del deterioro de la capacidad de compra de los ingresos y del ahorro, debido a la eliminación de una parte de los subsidios y gratuidades que hoy se mantienen en la sociedad, y por la posible inflación.
Sin embargo, a diferencia de quienes han analizado el ordenamiento desde fuera, el llamado zar de las reformas económicas en Cuba no se ha atrevido a fijar una cifra para la inflación que inevitablemente vendrá.
“En aras de evitar inflaciones mayores que las diseñadas se ha propuesto que un grupo reducido de productos que son transversales a la economía, tengan precios centralizados”, anunció, quizás para tranquilizar ánimos y esperar que los productos más básicos, al menos, escapen a un 'sálvese quien pueda' que ya asusta a muchos.
El análisis de Monreal es muy plausible. Con una mayor demanda y sin oferta, los precios, inclusos aquellos que pretendan fijarse, se incrementarán. Potencialmente, de nada valdrá que "el combustible, energía eléctrica, agua y alcantarillado, cemento, azúcar, café mezclado, picadillo texturizado, de res y de pescado; compotas, leche, queso fundido, yogur de soya y natural, mortadella, pastas alimenticias, pan de corteza dura, salchichas de pollo, cigarros y pasta dental", entre otros productos más, tengan que venderse a precios accesibles para la mayoría de la población.
Su insuficiente disponibilidad conllevará a su comercialización en otros precios en el mercado informal o transacciones entre naturales, al tiempo que otros productos no considerados “básicos” podrían venderse en montos que echarían por tierra el incremento salarial.
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El ordenamiento impactará también en los modos de operar del sector privado. Se estima que éste, para ser rentable, competitivo y pagar a sus trabajadores, deberá subir inexorablemente sus precios.
Para compensar ese efecto previsible, explicó Murillo, se propone “un mecanismo de contención de precios mediante acuerdos”. “Es verdad que van a recibir crecimientos de costos”, subrayó, al tiempo que explicó que una de las medidas contempladas para compensar el incremento de costos es la adecuación de la carga tributaria.
La intención es reducirles costos en términos de impuestos a los cuentapropistas, con el objetivo de que no necesariamente el crecimiento de los precios sea al mismo ritmo de los costos, dijo Murillo.
“Este es el momento en que las formas de gestión no estatal actúen con responsabilidad social, a partir de la adecuación tributaria, aunque eso no se puede dejar a la espontaneidad”, alertó el funcionario del régimen, que seguramente sabe, mejor que nadie, cuán difícil es acometer el ordenamiento sin reformar todo aquello que impide el crecimiento económico en Cuba.
