Está visto: en Cuba, el régimen castrista no resuelve los problemas (más bien los crea o profundiza), pero tampoco le gusta cuando los ciudadanos tratan de solucionarlos o acuden a la prensa independiente ante los oídos sordos de la estatal.
¿Qué pasaría si en vez de la nieta de Luz Divina Wilson Bolier, la víctima de abuso lascivo hubiera sido familiar de la fiscal del régimen que dice no poder hacer nada, porque encarcelen a un hombre que es un peligro para las niñas del barrio? Esta pregunta se la hace la periodista independiente María Matienzo, quien ha seguido el caso en el diario independiente CubaNet.
Cuenta que, desde febrero, Wilson Bolier espera la justicia por el abuso lascivo del que fue víctima su nieta, una niña de siete años. pero lo que recibe es, por ejemplo, amenazas del jefe de sector con abrirle un expediente de “peligrosidad predelictiva”.
Y la instructora que lleva el caso, denuncian en el medio citado, ha amenazado a la hija de Wilson con llevarla a la cárcel. En el departamento de menores, por su parte, intentan justificar la agresión sexual, asegura Matienzo.
“La niña ha sido revictimizada una y otra vez teniendo que contar su historia y, para colmo, el perpetrador fue liberado con el pretexto de la pandemia coronavirus”.
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Las fiscales Idania María Masó Pérez e Isabel Quesada Guerra, finalmente respondieron a la abuela con una nota en la que “dijeron que el caso estaba cerrado y que [al agresor] le piden cinco años con una medida cautelar domiciliaria mientras espera el juicio: del trabajo a la casa”, explica Wilson Bolier.
O sea, que al presunto abusador de menores lo dejaron libre en el espacio en que cometía sus agresiones.
“No estoy conforme porque mientras ese tipo sigue parándose en la puerta de mi casa, acosando a mi nieta que tiene siete años”, acusa la entrevistada, quien “no tiene vida” desde que el agresor fuera liberado en mayo, tres meses después de realizada la denuncia del caso.
“Lo que me entregaron fue la respuesta de Díaz-Canel, la que yo dejé en el Consejo de Estado”. No recibió, ni siquiera, la respuesta a sus denuncias ante la Fiscalía Provincial de La Habana, refiere CubaNet.
“Aunque me dijeron que la medida que le pusieron fue domiciliaria sé que no es verdad porque ya la fiscal Gladys me había dicho que estaba de libertad inmediata, en la calle”.
A la abuela denunciante le aseguraron que el caso estaba cerrado, pero la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, explica: “En el tercer párrafo dice ―la abogada cita textualmente el documento― ‘podrá solicitarse esa modificación de medida al órgano jurisdiccional en el momento en que radique la causa’, lo que quiere decir que todavía no se ha radicado la causa por tanto la Fiscalía sí es competente”.
Diversent cree que “no le están dando una explicación si no que se están quitando el polvo de encima porque esta no es solo una institución responsable en el proceso penal sino responsable de los derechos ciudadanos y de las víctimas”.
Según la especialista, este es un caso típico de cómo el sistema no garantiza justicia a los ciudadanos cubanos.
“En el último párrafo le están diciendo que tiene que personarse en la Fiscalía Municipal cuando el Tribunal se pronuncie para que le den a conocer lo dispuesto en sentencia; o sea, que no le van a dar nunca una copia de la sentencia porque las víctimas en Cuba no forman parte del proceso penal, son excluidas, aunque sean las perjudicadas directas”, declaró Diversent a CubaNet.
