Todos los acusados de una violación grupal a una niña de 13 años en el municipio Cotorro, en La Habana, ya fueron apresados luego de la intensa presión en redes sociales hecha por familiares, activistas y reportada por medios independientes, confirmó mediante una llamada Cleida García, madre de la víctima.
Esta semana ADN Cuba reportó la historia de la menor y su madre, quien rompió el silencio a pesar de amenazas de acusarla de “contrarrevolucionaria” y denunció que desde el pasado 6 de septiembre ‒día de la agresión sexual contra la menor‒ aún no habían sido apresados dos de los implicados en la violación por burocratismo, desidia y negligencias del sistema policial.
Ahora, los seis individuos se encuentran, según García, en la Dirección Territorial de Investigaciones Criminales y Operaciones, unidad conocida como “el Técnico de Alamar”.
La protesta de muchos cubanos llegó hasta Mariela Castro, hija del general Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Desde su oficina contactaron a Cleida García y le dijeron que el Cenesex se había enterado del tema por las redes sociales, y que Mariela Castro “estaba indignada” con los sucesos y con la morosidad de las autoridades.
Aunque le prometieron que se haría justicia, la denunciante les hizo saber que no se iba a sentar a esperar. Poco después, refiere la madre de la menor abusada, se aparecieron en su casa en un auto emisarios mandados por Mariela Castro, directamente.
“Hablaron conmigo, que ya se iba a hacer justicia y no me preocupara. Dijeron que ellos [los agresores] no llevaban medida cautelar bajo ninguna circunstancia”, asegura García.
“Ya veo que la denuncia ha caminado bastante, si no es así, no hacen nada. No me arrepiento de lo que hice, ya veo que las cosas están cogiendo otro camino…”, añade.
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Sobre el caso, cuando lo hizo público Cleida García contó: “Mi niña fue acosada y manipulada por un muchacho de 20 años de edad, a través de [la aplicación digital] ToDus, quien la convenció finalmente para tener relaciones íntimas. Todo fue premeditado desde el principio, no fue casual ni al azar porque todos conocían a mi niña porque visitaban a uno de nuestros vecinos y sabían que era menor de edad. Todo indica que mi niña siempre fue un objetivo, y ahora es denigrada como si ella fuese la que propició el hecho de ser violada por cinco hombres a la vez”.
El domingo 6 de septiembre, mientras la menor se dirigía hacia una cafetería cercana, fue interceptada por este individuo, quien se encuentra alistado en el Servicio Militar Obligatorio. El hombre habría insistido en tener relaciones sexuales. Según, la denunciante en un inicio la menor dudó, pero el sujeto logró convencerla de ir a su casa para el acto sexual.
“Pero cuando mi niña se iba a marchar se percató de que había otros cinco hombres en la casa que bajo amenaza la obligaron a tener sexo con ellos. Mi niña me dijo que accedió por temor a que le sucediera algo más grave y que había un sexto hombre que estaba mirando lo que hacían con ella”.
La abuela de la menor, preocupada por su tardanza, salió en su busca. Un vecino le indicó haberla visto marcharse con un individuo que vivía en las casas cercanas a la cafetería. Al llegar a la casa señalada y preguntar por su nieta, los sujetos allí presentes la empujaron fuera de la vivienda y la maltrataron.
“Mi mamá corrió a avisarme y de inmediato llamé a la policía. Lograron arrestar a tres de los hombres que violaron a mi niña, pero a los otros dos la policía jamás se interesó por buscarlos. Los hechos ocurrieron un domingo, y el lunes a los tres arrestados los liberaron bajo investigación y con una medida cautelar”, declaró García Díaz.
Al dirigirse a las autoridades en el “Técnico de Alamar” para indagar por qué habían liberado a tres de los agresores de su hija, y tampoco habían capturado a los otros dos, la madre de la menor recibió de parte del investigador policial identificado como Carlos, Jefe de Instructores, una respuesta inaudita: que no había transporte disponible, y que los otros fueron liberados por el problema de la COVID-19 y que los juicios están paralizados.
“Le repliqué por qué no se emitía una orden de búsqueda y captura a la policía del Cotorro, y que cómo eso no se aplicaba a los casos que presentan en el Noticiero para los que sí hay transporte, juicios y cárcel”.
Tres de los agresores están reclutados en el Servicio Militar, y según le aseguró el Instructor a cargo de la investigación, serán procesados por la Fiscalía Militar.
“Dos de ellos se habían fugado de la unidad militar para cometer la violación de mi niña. En el barrio hay comentarios de que existe un video de la violación de mi niña, y otros comentarios que desprestigian a mi niña. Mi niña fue criada prácticamente dentro de la casa, no es de andar por la calle”, lamenta la madre de la víctima.
Según Cleida García Díaz, resultaron secuelas que podrían ser de por vida. La madre radicó una denuncia con el número 49951/20, y refiere que a su hija la examinaron médicos a raíz de esta agresión.
“Tres de los que violaron a mi niña eyacularon dentro de ella, y le trasmitieron una bacteria. A estas alturas mi niña aún no ha menstruado. A consecuencia de lo que sucedió tiene afectación psicológica severa. Está bajo tratamiento por ambas cosas. La llevaron a Medicina Legal, pero hasta ahora nadie nos ha dado ninguna respuesta o diagnóstico más allá de la confirmación de la enfermedad que le trasmitieron”.
Sobre el delito de “Violación”, el Código Penal establece en el Artículo 298.2 que “la sanción es de privación de libertad de siete a quince años” si el abuso “se ejecuta con el concurso de dos o más personas” y “la víctima es mayor de doce y menor de catorce años de edad”. Además, en el 298.3 se estipula que “si como consecuencia del hecho resultan lesiones o enfermedad graves”, se sanciona con “privación de libertad de quince a treinta años o muerte”.
Sobre el que cometa “actos de pederastia activa empleando violencia o intimidación”, el Artículo 299 del referido Código Penal dispone que “es sancionado con privación de libertad de siete a quince años”; y si la víctima es un menor de 14 años de edad, “la sanción es de privación de libertad de quince a treinta años o muerte”.
Desde el año 2016 hasta mayo del 2019, los abusos sexuales contra menores en Cuba crecieron en un 24 %, según el último informe oficial “sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas”. Solo entre junio de 2018 y mayo de 2019 en el país reportaron 2350 presuntos hechos de abuso sexual contra niños y niñas.
