Varias obras constructivas del consorcio militar Gaesa en La Habana, destinadas al turismo, tienen brotes de COVID-19, según trascendió esta semana en una de las reuniones del Consejo de Defensa Provincial (CDP).
Por la importancia que el régimen da a todo lo relacionado con el turismo internacional, una de las principales fuentes de divisas de la precaria economía cubana, el presidente del CDP y primer secretario del Partido Comunista en la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, descartó un cierre duradero de las obras por los contagios y llamó a indagar qué se violó.
De igual forma, orientó profundizar acerca de las causas y repercusión de los casos, los cuales se registraron específicamente en las construcciones hoteleras de 1ra. y 70, y 1ra. y D, en Playa y Plaza, respectivamente, así como en el hotel Telégrafo.
La averiguación tiene el objetivo de no demorar la apertura de las obras, proyectos estratégicos de Gaesa, para lo cual Torres Iríbar exigió velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias. Citado por medios oficialistas capitalinos, el funcionario partidista llamó a ser “abarcadores y exhaustivos en las pruebas PCR” en las tres obras constructivas, así como avanzar en la encuesta epidemiológica, “detectando la mayor cantidad de contactos posibles, apoyándose en los especialistas en epidemiología de los municipios”.
Lea también
Para Gaesa, el régimen y los beneficiarios principales de los dividendos del turismo resulta impensable que la infraestructura hotelera no esté al 100 por ciento una vez que se reabran las fronteras y la llamada industria sin chimeneas retome sus flujos habituales, razón por la que ni los contagios de COVID-19 deben frenar en demasía las obras.
A finales del mes pasado, autoridades cubanas informaron que constructores de la Unión de Construcciones Militares (UCM) de Gaesa que laboran en el hotel de 1ra y 70, en el capitalino municipio Playa, fueron diagnosticados como positivos al COVID-19.
El brote amenazaba con haber contagiado a un sinnúmero de ellos, en su mayoría provincianos, dado que comparten varios albergues dispuestos en las propias obras e interactúan continuamente en el cumplimiento de sus menesteres diarios.
En alianza con la constructora francesa Bouygues Batiment Internacional (BBI), los trabajadores de la UCM también trabajan en las construcciones de los hoteles de las calles 1ra y D, y la Torre López-Callejas, en 25 y K, ambos en el municipio Plaza.
Vecinos consultados bajo anonimato por ese entonces estaban preocupados por la eventual propagación de los casos y la consolidación de un eventual brote masivo en la zona, dado que los constructores de la UCM pululaban con frecuencia por las panaderías, agromercados, bodegas y shoppings del edificio Atlantic, Galerías Paseo, Cupet Riviera y Meliá Cohíba, según reportó Pablo Pascual Méndez.
El 1 de septiembre, el oficialista Cubadebate informó que se daba por concluido el evento de transmisión local en la Constructora Militar de 1ra y 70, algo que el nuevo caso registrado esta semana pone en entredicho, al tiempo que hace temer un alcance mayor de los brotes en las construcciones de Gaesa.
A ello también contribuye el contagio esta semana de 23 constructores de nacionalidad india residentes en el municipio Regla, los cuales trabajan en obras de la referida constructora gala, socia de Gaesa.
Lea también
La presencia de trabajadores indios en este tipo de obras data de 2016, cuando BBI, encargada de la construcción del Gran Hotel Manzana Kempinski (Manzana de Gómez), decidió contratar a unos 200 para agilizar la obra y terminar en los plazos deseados.
La contratación generó polémica debido a que los constructores indios percibían un salario de 1 600 dólares mensuales, 10 veces superior al de sus homólogos cubanos, cuya contratación y percepciones es decidida por entidades del régimen.
Entre indios y cubanos, los contagios en obras constructivas comandadas por Gaesa parecen ser una vulnerabilidad sobre la que el régimen no rinde cuenta alguna, poniendo en peligro así a los vecinos de las zonas circundantes, que quizás confían en que los trabajadores de las obras cumplen las medidas y los estándares de protección que a ellos les exigen, so pena de ser multados con cuantiosas sumas.