De los 47 nuevos casos de coronavirus en La Habana reportados este miércoles 16 de septiembre por las autoridades sanitarias de Cuba, 23 fueron trabajadores de la construcción de nacionalidad india, residentes en el municipio de Regla.
Todos fueron reportados por el Ministerio de Salud Pública de la isla (Minsap) como contactos de un caso confirmado anteriormente, por lo que al momento de confirmarse su contagio estaban en aislamiento. Además de ellos, otros 114 se mantienen en vigilancia epidemiológica.
De sexo masculino todos, las edades de los constructores varían entre los 26 y los 59 años de edad. Ni el Minsap en su parte diario ni el director nacional de Epidemiología, doctor Francisco Durán, en su habitual conferencia matutina, detallaron la obra específica en la que laboran los indios.
Además de los 23 extranjeros, esta jornada el Minsap confirmó 50 nuevos casos de cubanos contagiados con COVID-19 y un fallecimiento, cifras que elevan los totales confirmados desde el inicio de la pandemia en el país, a mediados de marzo, a 4 876 casos y 109 decesos.
La Habana es la provincia con mayor número de casos. El 1 de septiembre la ciudad entró en estado de sitio para reducir drásticamente la propagación del virus, lo cual no se ha logrado en estas primeras semanas, en las que se han reportado decenas de casos diarios.
Aparte de la capital, en el último mes las provincias más afectadas con esta segunda ola del virus han sido Artemisa, Villa Clara y Ciego de Ávila, por lo que en determinados barrios y zonas existen cuarentenas obligatorias.
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La presencia de constructores indios en Cuba no es una novedad, sino que data de mediados de 2016, cuando la compañía francesa Bouygues Bâtiment International (BBI), encargada de la construcción del Gran Hotel Manzana Kempinski (Manzana de Gómez), decidió contratar a unos 200 obreros de la India para agilizar la obra y terminar en los plazos deseados.
La contratación generó polémica debido a que los constructores indios percibían un salario de 1 600 dólares mensuales, 10 veces superior al de sus homólogos cubanos, cuya contratación y percepciones es decidida por entidades del régimen.
