Este 22 de mayo fue noticia que como parte de las medidas adoptadas por el régimen de los Castro para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en la provincia de Las Tunas se ha impuesto un total de cinco mil 600 multas.
"Unas 60 mil personas han sido objeto del accionar de la Policía de distintas formas, con mayor énfasis debido a constituir grupos vulnerables. Por otra parte, a más de cinco mil 600 pobladores los han multado; en tanto, una cifra similar, pero inferior, fueron apercibidos", informó el Periódico 26 en un artículo publicado en su sitio web.
En la provincia de Las Tunas el actuar del Sistema de Justicia y de los órganos responsables de preservar el orden y la disciplina social, ante la presente situación epidemiológica, se ha intensificado, sobre todo debido al gran número de habitantes que violan lo reglamentado, arriesgando su propia tranquilidad y la de los demás.
Respecto a esto, Daniel Cisneros Gil, presidente del Tribunal Provincial, precisó que hasta el momento en Las Tunas se han realizado 84 procesos, donde fueron juzgados a 91 ciudadanos, de los que 34 resultaron privados de libertad. Del total de sancionados, 30 tuneros recibieron penas combinadas (privación de libertad que puede ser subsidiada por trabajo correccional sin internamiento o limitación de libertad de conjunto con la imposición de una multa), otros seis fueron objeto de sanciones subsidiarias, en tanto multaron a 13.
"Por considerarse que su conducta no tipificaba como hecho delictivo o no eran responsables ante los acontecimientos imputados, ocho personas fueron absueltas de los cargos", agregó.
El presidente del tribunal detalló que dentro de las principales figuras delictivas vinculadas con el panorama actual se encuentran la propagación de epidemias, desobediencia, desacato, resistencia y acaparamiento. Y destacó entre las conductas más frecuentes que dan lugar a la comisión de estos delitos, "el uso incorrecto del nasobuco, el comportamiento inadecuado ante el llamado de atención de las autoridades, la celebración de fiestas con la presencia de varios invitados y el acaparamiento de productos de primera necesidad".
Mencionó además la falta de respeto y la agresión física a oficiales del Ministerio de Interior o a otra persona facultada por los consejos de Defensa para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades del régimen.
Cisneros Gil trató de justificar el accionar del estado citando la Constitución de la República y el Código Penal, que en uno de sus pronunciamientos señala que "la sanción no tiene solo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de educar", pero como es sabido, en Cuba una cosa es lo que dice el papel y otra la que hacen las autoridades, y el alto grado de represión del que ha sido objeto el pueblo en las últimas semanas, nada tiene de educativo.
