El activista David Gómez Sánchez fue multado, ayer 5 de noviembre, por incumplir lo regulado por el Decreto-Ley 370 o “Ley Azote” como se le conoce por la ciudadanía.
El joven denunció que la sanción asciende a tres mil pesos y que fue “víctima de un gran y extenso operativo policial ¿motivo? por mi fuerte presencia en las redes sociales producto a mi activismo político en contra del régimen”.
Periódico Pinero se hizo eco de las palabras Gómez Sánchez y expuso una fotografía de la multa.
“En el registro me ocuparon mi teléfono celular aunado a mi línea telefónica, una laptop que de hecho no es mía sino de mi esposa, una memoria USB y 5 planillas preparadas para recoger firmas con el propósito de realizar reformas a la Constitución”, contó el opositor.
También recalcó que firmó una carta de advertencia para suavizar el contenido de sus publicaciones.
“Por suerte, ya estoy en casa, y todo este conflicto solo me ha servido para consolidar mis convicciones políticas e ideológicas, creo firmemente en que expresar lo que pienso lejos de construir un delito más bien representa un Derecho”, dijo.
Concluyó explicando su disposición a marchar el venidero 15 de noviembre y se disculpó “por no haber marchado el 11 de Julio, el miedo fue mucho más grande que yo, pero está vez marcharé, con miedo, pero marcharé”.
El proyecto Inventario añadió en un tuit que esta es la décima multa a nivel nacional en 2021 debido a esta legislación.
Inventario acotó ayer que los opositores y periodistas independientes han sido los ciudadanos más sancionados con el Decreto-Ley 370.
Esta legislación “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, desde su promulgación el 4 de julio de 2019, ha cercenado la libertad de expresión de los cubanos en redes. A su marco regulador se agrega el Decreto-Ley 35 y sus leyes accesorias, publicado el 17 de agosto.
El informe recoge un grupo de sanciones que han sido denunciadas por los ciudadanos en redes sociales, aplicadas en base al artículo 68 de dicha normativa, que establece un grupo de contravenciones asociadas al empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones; la tenencia y comercialización de equipos y software y el hospedaje de paginas web en servidores foráneos.
Las multas aplicadas ascienden, en su mayoría, a los tres mil pesos, aunque señala la publicación, que en ocasiones las autoridades han confiscado los dispositivos móviles de la persona multada.
