El reportero cubano Jorge Enrique Rodríguez fue interrogado por más de dos horas y acusado del supuesto delito de "difundir noticias falsas", informó el medio independiente Diario de Cuba, donde colabora habitualmente el periodista.
El propio sábado Rodríguez fue interceptado en la calle por oficiales del Ministerio del Interior (vestidos de civil). "Después del 'saludo' de rigor fui conducido a la unidad policial de Zanja y, sin que se registrara formalmente mi presencia como detenido en esa unidad, [fui] presentado ante 'el compañero que me atiende' que se identifica como Alexander", explicó a Diario de Cuba.
"En poco más de dos horas fui interrogado sobre mis últimos posts en Facebook que, según el camarada Alexander, se ajustaba como 'difusión de noticias falsas'. Pero, jamás especificó cuál de 'esos últimos' contenidos encajaban en la particularísima concepción que el régimen de Cuba traza para delimitar cuándo una noticia es falsa", detalló.
El interrogatorio del reportero terminó con la noticia de que "tenía 'un proceso abierto'" por ese supuesto delito.
A pesar de la pandemia de coronavirus que ya ha provocado casi 1.000 contagiados en la Isla y 32 fallecimientos, en las últimas semanas el régimen cubano ha reforzado una ola represiva contra activistas y, sobre todo, contra periodistas independientes.
Este viernes, el régimen cubano a través de la Seguridad del Estado impuso una multa de 3.000 pesos (120 dólares) a la periodista independiente Mónica Baró.
Igual que en el caso de otros reporteros, las fuerzas represivas se escudaron para interponer la multa en supuestas violaciones de la reportera al tristemente célebre Decreto-Ley 370, que limita la libertad de expresión de los cubanos en internet.
Específicamente, el inciso i del artículo 68 establece como una contravención asociada a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
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Una semana antes de las acciones contra Baró, la periodista Camila Acosta, reportera del portal CubaNet, también fue interrogada y multada por los mismos motivos.
"Aquí está: 3.000 pesos de multa, o sea, unos 120 CUC (aproximadamente 100 dólares). Es una de sus maneras de doblegarme, de callar mi voz. La pagaré en cuanto pueda, la consideraré un impuesto por hacer periodismo independiente en Cuba", escribió en su perfil de Facebook Acosta.
La acción represiva contra Acosta se suma a una larga lista de otros actos de hostigamiento contra comunicadores, periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil.
A pesar de la pandemia de coronavirus y las medidas de aislamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias, los represores cubanos han mostrado ánimos renovados para amedrentar a todos los que no se pliegan a los dictados del único partido permitido en la Isla.
