Desde el pasado 15 de noviembre de 2019, relatores de Naciones Unidas (ONU) y el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, enviaron una misiva al régimen cubano, denunciando el caso del periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.

Quiñones cumplió este miércoles 6 meses de injusta prisión por incomodar con su activismo pacífico y escritura al régimen cubano. Son constantes las denuncias de violaciones a sus derechos dentro de la cárcel provincial de Guantánamo: desde la pésima comida, los tres consejos disciplinarios que le han realizado por escribir desde prisión, y las escasas veces que puede recibir visita de su esposa, pues lo castigan quitándole esa oportunidad cuando protesta.

Fue arrestado el 22 de abril de 2019 cuando se disponía a cubrir el juicio contra una pareja de religiosos procesados por querer educar a sus hijos en su hogar. Luego fue liberado, pero acusado y procesado por presuntos delitos de “resistencia y desobediencia”.

El reportero de Cubanet fue condenado a un año de prisión, sustituido por un año de trabajo correccional con internamiento, pero al negarse a ingresar voluntariamente en el campamento de trabajo correccional, lo capturaron en su casa el pasado 11 de septiembre y se encuentra en la prisión provincial de Guantánamo para cumplir su sentencia tras las rejas.

El también poeta fue incluido en la lista de One Free Press Coalition, como uno de los 10 casos más urgentes de injusticia contra periodistas en todo el mundo, sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para lograr su libertad.
 

ADN Cuba tiene en su poder la respuesta del régimen de La Habana a las denuncias de la ONU, que data del pasado 13 de enero.

El gobierno cubano niega en dicho documento, que la detención del reportero de 62 años haya sido arbitraria y que este sufrió lesiones como resultado de la agresión de agentes policiales.

"El 22 de abril de 2019, a las 13:50 horas, en la sede del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, mientras se celebraba la vista oral del juicio seguido contra el matrimonio Rigal-Expósito por el delito de Otros actos contra el normal desarrollo del menor, el Sr. Quiñones intentó entrar por la fuerza al recinto del tribunal, lo cual fue impedido por los agentes del orden, sobre los cuales se abalanzó de manera violenta y los agredió, lo que motivo que se procediera a su detención en el lugar", reza la versión oficial, que el hombre ha desmentido.

Aunque dice la carta en un inicio que Quiñones no fue agredido por la policía, más adelante reconocen que "sufrió sólo una escoriación en la uña del dedo índice de la mano derecha, lesión por la que recibió asistencia médica en el Hospital General Docente Dr. Agustinho Neto".

Por otro lado, al referirse al proceso penal seguido contra este ciudadano, el gobierno asegura que "se desarrolló con pleno respeto de las garantías procesales y de los principios legales que informan el debido proceso".

Sin embargo, en septiembre de 2019, ADN accedió al recurso de apelación presentado por el reportero, que evidencia  las violaciones al debido proceso en su caso, como son la igualdad procesal, la imparcialidad y el derecho a la defensa.

A Roberto Quiñones no le notificaron que iba a ser procesado, ni se le informó del número del expediente investigativo cuando el 18 de mayo lo preguntó al capitán Pelegrín-quien consta como denunciante-.

"Por tal razón no pude defenderme de las acusaciones durante la conformación del  proceso acusatorio, ni pude designar abogado, ni hacer oportunamente las alegaciones pertinentes e, increíblemente, tuve que escuchar que la jueza, al dictar sentencia, aseveró en más de cinco ocasiones que se había actuado conforme al debido proceso”, reza la apelación.

Quiñones, licenciado en Derecho, no pudo asumir su propia defensa como él deseaba desde un inicio. Las autoridades judiciales le impusieron varias trabas -sobre todo burocráticas- que no se resolvieron hasta el mismo día del juicio.

"Tuve que asistir al juicio sin poder asumir mi defensa y desconociendo el contenido del expediente. Fue ya en la sede del tribunal, pocos  minutos antes del juicio, cuando la secretaria me dijo que la presidenta le había informado que podía revisar el expediente, pero que tenía 30 minutos para hacerlo, algo que no me pareció-ni me parece- serio, y no acepté, pues lo correcto hubiera sido suspender el acto del juicio oral. Este hecho aumentó mi estado de indefensión".

Sobre la prisión de Quñones, el régimen -representado por sus diplomáticos en la ONU- respondió que "ha disfrutado de los derechos y beneficios que por ley se le confieren. Ha recibido tres visitas familiares y dos pabellones conyugales, lo cual desmonta el falso fundamento de que se le ha negado a la familia la posibilidad de visitarlo o que se hayan cancelado las visitas en diferentes oportunidades. Se le ha proporcionado la asistencia médica convenida ante el diagnóstico de psoriasis, hipertensión arterial y glaucoma, facilitándosele en todos los casos la medicación".

Como ha sido denunciado por el hijo de Roberto residente en Estados Unidos y otros familiares, lo castigan por sacar textos de la cárcel. Esto ha sido confirmado en la misiva del gobierno, que reconoce que se le han realizado dos Consejos Disciplinarios, sin explicar la razón.

"Por su desobediencia, indisciplina y reiteradas violaciones al Reglamento Disciplinario que rige la conducta en Centros Penitenciarios, se le han efectuado dos Consejos Disciplinarios. Como medida solo se acordó limitarle las llamadas telefónicas por un período de 13 días. Por tanto, son falsas las alegaciones respecto a otras medidas disciplinarias contra este ciudadano", agrega el documento del régimen.

A modo de conclusión, los diplomáticos cubanos rechazaron las denuncias hechas por estos relatores de organismos internacionales y niegan que en Cuba se criminalice la defensa de los derechos humanos.

"En Cuba no se detiene, persigue, hostiga, amenaza o intimida a nadie por el ejercicio de los derechos humanos, los cuales están ampliamente reconocidos y protegidos por las leyes cubanas (...) En Cuba no se cometen ejecuciones extrajudiciales, torturas ni desapariciones forzadas; no se criminaliza la defensa de los derechos humanos ni se orquestan actos de represalias como figura en las alegaciones", finaliza el gobierno cubano.

REACCIONES DE ABOGADOS

El abogado Eloy Viera explicó a este medio que "el primer problema de este tipo de procedimientos es que cuando los gobiernos ofrecen sus consideraciones, dicen lo que entienden sin necesidad alguna de ofrecer elementos probatorios que sostienen su dicho. Lo que han tratado de hacer en este caso no es otra cosa que apoyarse en la legislación cubana, para contestar los argumentos del recurso presentado".

"Uno de los elementos fundamentales del recurso fue el hecho de que se vio limitado el derecho a la defensa de Quiñones y ellos alegan que eso es incorrecto porque en definitiva el se defendió a si mismo en el juicio y tuvo acceso al expediente la pregunta aquí es: ¿Cuándo Quiñones tuvo acceso al expediente? Media hora antes del juicio. ¿Cómo es posible preparar una defensa cuando se conoce lo que hay en tu contra unas horas antes?", agregó el jurista.

Por otro lado, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, quien ha trabajado en la documentación del caso, dijo que  "la forma tan sencilla con la que rebaten todas las violaciones por ellos cometidas es asombrosa. Ni siquiera se toman el trabajo de aportar evidencias que respalden sus alegaciones. Esto es mucha ingenuidad o demasiada prepotencia, me inclino más por la segunda. Piensan que con sus palabras es suficiente. Al parecer no están al tanto o ignoran qué es el Estado, quien tiene la carga de la prueba en este tipo de procedimientos. Es una total falta de respeto, no solo a Quiñones, también para todos los cubanos, que no tenemos vías adecuadas para hacer justicia".