El gobierno de Panamá, presidido por Laurentino Cortizo, busca contratar médicos especialistas cubanos que refuercen la atención de pacientes panameños de COVID-19, entre ellos los galenos que integraron el equipo que estuvo en Italia desempeñando una función similar.
Según medios locales del país del istmo centroamericano, los gobiernos de ambos países están en la última fase para llegar a un acuerdo que permita la contratación de los médicos de la isla. “Estamos tratando de llegar a un acuerdo con los médicos cubanos, para fortalecer a los trabajadores de salud”, aseguró el presidente Cortizo, citado por La Estrella de Panamá.
Dicho medio explica que el país convocó en julio a la contratación de médicos especialistas extranjeros ante la falta de personal en el país. Como elemento a favor del personal de la salud cubana, destaca que el martes Cuba cumplió cinco meses de haber reportado el primer caso de coronavirus, agente de una pandemia que ha logrado contener más que otros países.
“El país caribeño es de las pocas naciones de la región, junto a Uruguay, que ha logrado contener con éxito el avance de la COVID-19 en su territorio”, afirma La Estrella, que al parecer desconoce el rebrote que se ha producido en la mayor de las Antillas en las últimas semanas, cuando el número de casos diarios se disparó y llegó a rozar en una ocasión el centenar.
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Las misiones médicas de Cuba son defendidas por el régimen de la isla como una muestra de solidaridad y altruismo. Sin embargo, la mayoría de las veces los países receptores u organizaciones internacionales deben asumir los costos de la misma, por concepto de remuneración a los galenos y pagos directos a La Habana.
Distintas organizaciones no gubernamentales y otras del sistema de Naciones Unidas, al igual que países como Estados Unidos, critican las llamadas misiones de colaboración médica de Cuba con otras naciones del mundo porque son, a su criterio, una manifestación encubierta de trata de personas.
El régimen cubano deja a sus galenos sólo un porcentaje mínimo de los salarios que les pagan por sus servicios, y se apropia del resto, a la vez que los somete a un estricto control y vigilancia que lacera sus derechos humanos más elementales.
Hasta el miércoles, en Panamá se contabilizaban 50 665 pacientes recuperados de COVID-19 y 1 115 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 76 464. Como consecuencia de la enfermedad, en el país han perdido la vida 1 680 personas, para un índice de letalidad de 2,2 por ciento.
