Gobierno español no contratará médicos cubanos, según El Mundo

El diario español informó que Madrid no tiene planes de pedir al régimen cubano que envíe personal sanitario para apoyar la lucha contra el coronavirus, como sí han hecho Italia o Francia
 

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Al parecer el gobierno de Pedro Sánchez no tiene entre sus planes la colaboración con el régimen cubano para hacer frente a la pandemia de coronavirus en la nación ibérica.

Según un artículo del influyente diario El Mundo, entre los planes del Ejecutivo no está reclutar médicos cubanos, como se hizo en Italia, ni tampoco sumar a la plantilla a los que residen en España y que están pendientes de homologar sus títulos.

Las autoridades sanitarias tampoco han decidido hacer acopio de un medicamento antiviral tipo Interferón Alfa-2B, que fabrica Cuba y ha sido muy publicitado por China como efectivo para mejorar la neumonía que produce la COVID-19, lo que ocasionó una ola de fake news y entusiasmo desmedido por una supuesta cura al coronavirus.

“La vía cubana como suma para plantar batalla al COVID-19 no figura en la hoja de ruta del Gobierno. Ni siquiera a pesar de que comunidades como Valencia o Cataluña han pedido la contratación de galenos de este país”, asegura el medio de comunicación.

La posición tomada al interior del Palacio de la Moncloa, según fuentes consultadas por El Mundo, es rechazar cualquier guiño a Cuba en estos momentos, entre otras cosas, porque el PSOE no está dispuesto a solicitar esta ayuda en un momento en el que gobiernan en coalición con la izquierda de Podemos, “y que eso sea utilizado para extremar las críticas” hacia el gobierno de Sánchez.

Al parecer, la decisión final de mantener cerrada la puerta a los médicos cubanos, la tuvo Sanidad, que no considera pertinente esa contratación. El ministro Salvador Illa aclaró este lunes 30 de marzo que “agradecía el ofrecimiento de otros países para mandar profesionales (…), pero lo descartaba porque ya se han movilizado recursos de personal a nivel nacional y que se están pensado en incrementar esta vía”.

Sobre los médicos cubanos que residen en España sin homologación profesional, las autoridades no se han proyectado hacia permitirles acelerar sus trámites legales para integrarlos a la lucha contra el coronavirus.

Por el contrario, explicaron que han impulsado “la contratación de cerca de 200 profesionales extranjeros y que los cubanos están incluidos en este colectivo de profesionales si, al igual que ocurre para el resto de nacionalidades, cumplen con los requisitos oportunos de tramitación de regularización de situación administrativa, obtención de permiso de trabajo u homologación de título”.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba se ha apresurado a informar que tiene capacidad para evaluar una demanda del gobierno español y suministrar el Interferón, o incluso fabricar en España el medicamento, bajo licencia cubana, pero tampoco ha recibido una respuesta afirmativa.

Este miércoles el eurodiputado Javier Nart, perteneciente a Renew Europe y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, de la Unión Europea, se ha pronunciado sobre las condiciones de esclavitud de las misiones médicas cubanas.

Nart dirigió misivas a Ximo Puig, presidente del Gobierno de la Generalitat de Valencia, a Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto Represente de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; y al presidente de España, Pedro Sánchez, acerca de alertarles sobre que dichas misiones han sufrido una importante condena por esclavitud y trabajo forzado por parte de las Naciones Unidas.

En la carta dirigida a Sánchez, que difundió Cuban Prisioners Defenders, el parlamentario explica que "las Relatoras Especiales Sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y de la Trata de Personas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, han definido las condiciones de trabajo de estos sanitarios (médicos y enfermeras cubanos) como una forma de servidumbre y desde luego en contradicción absoluta con los mínimos principios democráticos".

"Su contratación en consecuencia es incompatible con los valores de España. Entiendo que su Gobierno debería tomar en consideración esta incompatibilidad tomando la resolución correspondiente también respecto a las autoridades locales y autonómicas", concluye la misiva.