La lista de presos políticos en Cuba sigue creciendo, y al cierre de diciembre se sumaron 3 más, según el más reciente informe de Cuban Prisioners Defenders.
De acuerdo con esta organización, hasta el 1 de enero de 2020, existen en total 126 personas presas por oponerse al régimen cubano.
Los nuevos presos políticos son Luis Enrique Santos Caballero (Movimiento Opositor Juventud Despierta); Leudys Reyes Cuza (FACOZT); y Yeusandro Ochoa Leyva (opositor independiente).
Santos Caballero fue arrestado cuando irrumpió en el Tribunal Provincial de Villa Clara portando un cartel que pedía la libertad de todos los presos políticos, especialmente de José Daniel Ferrer, Mitzael Díaz Paseiro y Ernesto Borges Pérez. Fue condenado a 8 meses de privación de libertad por desacato el pasado 16 de diciembre.
Reyes Cuza entró a prisión el 12 de diciembre, acusado de un delito de desórdenes públicos y está pendiente de sanción.
Ochoa Leyva también fue detenido por el delito de desórdenes públicos e ingresado en prisión el 7 de diciembre.
Además, agregan que ingresó a prisión nuevamente Miguel Borroto, revocado de su libertad condicional bajo amenazas otorgada el mes pasado por acudir a la sede de las Damas de Blanco. Actualmente se encuentra en el Combinado del Este.
Lea también
En octubre pasado, la cifra de presos políticos había aumentado en 8.
En ese momento, CPD sumó a la lista a los opositores José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo, Roilán Zárraga, de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Los otros clasificados como prisioneros de conciencia en octubre, fueron William Cruz (Asociación Sindical Independiente de Cuba), Francisco García (Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo), Yasiel González (Movimiento Cubano de Reconciliación y Reflexión), y Eliober Fuste (Partido Nacional Cubano).
Los miembros de Unpacu “fueron objeto de una acción combinada de más de 60 efectivos de fuerzas especiales (…). Entraron violentamente en el domicilio del Sr. Ferrer y detuvieron a quién allí se encontró, a excepción de la mujer de José Daniel Ferrer, Nelva Ismarays Ortega Tamayo y los dos hijos pequeños de la pareja, de 4 meses y de 2 años de edad”, indica el informe.
La organización considera que se trata de un procedimiento “infame y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
