El activista cubano Lidier Hernández Sotolongo, residente en Uruguay desde hace más de 3 años, está a punto de cumplir dos meses con prohibición de salida de la isla.
Según contó en redes sociales este miércoles, la Jefatura Provincial del Ministerio del Interior (Minint) en Cienfuegos, citó a su madre debido a que esta realizó una reclamación el mes pasado debido a la regulación de su hijo.
En ese lugar, sin constancia por escrito, le informaron que efectivamente Lidier estaba regulado por la ley 302 del 2012 artículo 25 incisos d) y h).
El artículo 25 reza que "Toda persona que se encuentre en el territorio nacional, no puede salir del país mientras :
d) Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen.
h) Cuando por otras razones de interés público, lo determinen las autoridades facultadas.“
"Le dijeron a mi madre que esto era por haber participado en manifestaciones en la embajada de Cuba en Uruguay y que esto se consideraba como una agresión al Estado cubano, y que era un acto hostil. Recordarles que en Uruguay es totalmente legal hacer este tipo de manifestaciones y que nosotros nunca entramos a territorio de la embajada. Una sola vez estuvimos segundos en la acera pues la turba de personas que enviaron nos empujaron", agregó Hernández Sotolongo.
Asimismo el activista dijo que procedería a demandar nuevamente al Minint por daños y perjuicios, que ahora son mayores a causa del tiempo transcurrido.
"Espero que esto se considere dentro de los casos de urgencia que dice el Tribunal Supremo de la República que se van a estar tramitando en estos días, porque como hay pandemia no se están tramitando todos los casos", agregó.
Su esposa se encuentra sola en Uruguay y a causa de la crisis por la COVID-19 ha sido enviada a "seguro de paro" que es el pago de la mitad de su salario.
"Tenemos el auto la renta, todo por pagar y con esta medida que le han aplicado a mi esposa pues contra la pared económicamente. Yo vivo en Uruguay, yo no quiero vivir en Cuba", concluyó el joven.
El régimen cubano aplica "regulaciones" migratorias a activistas, periodistas independientes, voces críticas y opositores políticos para impedir que asistan a eventos internacionales y desalentar su labor dentro de Cuba.
Según el independiente Instituto Patmos, la Seguridad del Estado ha "regulado" a más de 200 personas hasta la actualidad.
Con la prohibición de salida aplicada contra Hernández Sotolongo, el régimen cubano ha intentado enviar un mensaje a todos los activistas, periodistas, artistas y voces críticas que residen en el extranjero y viajan a menudo a la Isla.
